Cien políticas de estado que para la clase política argentina son siempre de baja intensidad

 

Por Gerardo José González

 

La expresión “políticas de Estado” fue un mal invento de la clase política nacional.

Un país desarrolla actividades muy diversas, algunas comunes, como la peluquería y otras más propias, como la soja o el cobre.

 

Dada una realidad económica, el Estado, en sus formas nacional, provincial y municipal, interviene, en principio cobrándole impuestos, si son rentables. Aunque, en el otro extremo, puede subsidiarlas o favorecer su consolidación y crecimiento con otras medidas.

La teoría y la praxis dicen que si una actividad es mono u oligopólica, el Estado debe regularla.

El Estado dicta dos clases de normas: las de organización interna y las referidas a actividades económicas privadas.

 

Cambiar la competencia de los ministerios, celebrar acuerdos federales, decidir que comisiones tendrá el congreso, abrir la Suprema Corte nacional una oficina para mujeres golpeadas, definir las atribuciones del Banco Central, es todo interno.

Las que se refieren a las actividades económicas, sociales, culturales, etc., de la población, son todas por definición, políticas de Estado.

 

Me largo a la lista nacional:

Sojera.

Maicera.

Triguera.

Frutícola.

Aceitera.

Petrolera.

Gasífera.

Minera.

Acuífera.

Vitivinícola.

Forestal.

Maderera.

Ferroviaria.

Camionera.

Automotor humana urbana, interurbana e internacional.

Subterránea de pasajeros.

Fluvial

Marítima.

Portuaria.

Aérea.

Atómica.

Aeroespacial.

Turística.

Caminera.

Pesquera.

Ganadera.

Avícola.

Láctea.

Urbanística.

Todas las industriales.

Esta lista es incompleta y no tiene prioridades. Es un modesto ejemplo.

 

Eduardo Zalduendo propuso, en su momento, una idea genial: definir Cien Políticas Nacionales. La cifra borgiana es simplificadora, pero el número anda por ahí.

 

Sería importantísimo que los políticos firmaran un documento que definiera las ideas comunes sobre las actividades mencionadas, sería una revolución.

Habría acuerdo en un 90% y se expondrían las discrepancias particulares con todo detalle.

Casi todas las políticas sectoriales son complejas, porque deben acoger a particularidades regionales, incluso locales.

Pero si se sientan seis meses los viñateros y los funcionarios, seguro que algo bueno saldrá de allí.

 

Algo esencial: los funcionarios, no los políticos, que no saben o favorecen una parte del sector.

 

Un terrible déficit de nuestra democracia brutalmente electoralista, es la construcción de mecanismos institucionales articulantes entre las  formas estatales y las organizaciones privadas sectoriales.

 

Hay mucha confusión. La defensa, la justicia, la educación y salud pública son funciones inmanentemente estatales. Pero no la producción láctea.

 

Salvo la pelea político-institucional interna, todo el accionar estatal son políticas generales.

 

La terrible, suprema confusión, es entre Estado y gobierno.

Dado que ningún gobierno, desde Alfonsín a Kirchner, ni siquiera mencionaron al pasar a los supermercados, pareciera que no es una “política de estado”.

Otro caso no casual es el negocio bancario, que pareciera un fenómeno de la naturaleza, como el amanecer.

 

 


 

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