HONDURAS: ¿ERA JUDICIAL O MILITAR?

 

Por DR. Alfredo Carella

 

 

Docente de postgrado de la Facultad de Derecho de la UBA.

Presidente del Instituto Buenos Aires para el Planeamiento Estratégico

www.ibape-argentina.org.ar

 

Bs. As. 20.7.09

 

 

El presente analisis  se ha realizado mediante una evaluación integrada de componentes políticos, normativos y sociológicos del primer acto del conflicto institucional de Honduras y de su repercusión regional.

 

Fue dividido en dos cuadros, el primero abarca los sucesos que dieron lugar a la expatriación del presidente Zelaya y a la intervención de la Resolución condenatoria de la OEA, el segundo comienza con la mediación del presidente de Costa Rica y finaliza con la propuesta efectuada a las partes del 20/7.

 

Las apreciaciones y conclusiones se han documentado con información proveniente de fuentes judiciales y legislativas hondureñas, declaraciones del presidente y del Departamento de Estado de los EEUU, datos de fundaciones y entidades privadas conservadoras de distinto perfil y liberales del citado país cuando resultaban coincidentes y de medios de comunicación que no resultaron desmentidas. El segundo acto será materia de análisis hasta completar la zaga.

 

Modelo de análisis

 

El desplazamiento del presidente hondureño de sus funciones ha tenido efecto colateral dispar en los gobiernos de América reflejado en las posiciones plasmadas en la reunión de la XXXVII Asamblea General Extraordinaria de la OEA.

 

Quienes asisten a la representación de la obra iniciada en Tegucigalpa y continuada en San José de Costa Rica se encuentran con protagonistas y antagonistas empeñados en un competencia de suma cero y triagnonistas que representan inclinación hacia la neutralidad. Monólogos y diálogos están presididos por invocaciones de activismo moral y ético, de la virtud de la buena causa del gobierno democrático y representativo.

 

Las distintas posiciones acerca de la situación alcanzaron coincidencia en que se había producido un “golpe de estado... una alteración inconstitucional del orden democrático y resolvieron suspender a Honduras en el ejercicio de su derecho a participar de la organización de acuerdo con el articulo 21 de la Carta Democrática Interamericana”.

 

En el segundo cuadro escénico se ubica la mediación del presidente de Costa Rica acompañada de la continuación de comentarios sesgados, corrientes de opinión polarizada, discursos retóricos y maniqueos y políticamente correctos, distanciados todos de la evaluación serena que suministra las herramientas de la ciencia jurídica y política.

 

Desde esta perspectiva cabe preguntar: ¿El golpe de estado es la única calificación para el desplazamiento del presidente Zelaya? ¿Por qué no se ha considerado la conducta del Poder Judicial?, ¿Que entidad jurídica tiene la Carta Democrática Interamericana (CDI)?, ¿Cual es la definición de democracia representativa dentro del sistema regional?, ¿Hay un sistema de seguridad colectiva de la democracia? En definitiva, ¿Se alteró el orden constitucional en Honduras?

 

El asunto no es baladí la disolución de las FFAA decretada por el presidente Figueres de Costa Rica a inicios de 1948 al finalizar la guerra civil y la Constitución hondureña de 1982 son ejemplos de formas y procedimientos destinados a  prevenir los golpes de estado elaborados por civiles y ejecutados por la fuerza militar. Son nutrientes de las modificaciones a las Carta de OEA y de la CDI.

 

Este resalto convoca a utilizar el enfoque trialista del derecho de Reale, Goldshmidt y empleado por Campos, Puig, Ciuro Caldani, Bidart Campos, entre otros, porque habilita un amplio espacio para que hechos y conceptos puedan ser ubicados e integrados sistemáticamente. Ello así habrán de suministrarse  respuestas a las preguntas antecedentes analizando los aspectos normológicos, sociológicos y axiológicos relevantes comprometidos en los acontecimientos hondureños.

 

JUDIALIZACION DE LA POLITICA HONDUREÑA

 

El instrumento administrativo dictado por el presidente Zelaya para de recabar la opinión de la ciudadanía acerca de la convocatoria a una constituyente para reformar la constitución inició un proceso que puede ser calificado como  judicialización de la política.

 

El rol descollante del poder Judicial desde el comienzo del decreto de convocatoria no ha sido materia de interés. El facto militar ha enceguecido el comportamiento de los actores. Acto de golpe de estado “gorila” que destruyó el orden constitucional, acto de defensa de la constitución frente quien la alteró.

 

Lemas binarios que evitan pensar fuera de las fronteras del pensamiento institucionalizado defendidos a ultranza por ambas tendencias ha ignorado el comportamiento de la función judicial actor – élite de los acontecimientos del 28/6.

 

La paradoja de la situación se revela al comprobar que el rasgo común es la manipulación del lenguaje de la democracia. Se ha ocultado discernir acerca de rol de los tribunales. Faltan también respuestas a: ¿La orden de detención del presidente ha sido el movimiento de un novel peón que consuma un golpe de estado clásico o expresión de una estrategia de un actor anónimo que manifiesta protagonismo de independencia e imparcialidad?

 

EL “GOLPE DE ESTADO”: ASPECTOS SOCIOLÓGICOS Y JURÍDICOS

 

La fulminante apreciación del apartamiento del presidente Zelaya aporta la incongruencia de haber reemplazado la condena a un procedimiento de alteración de la democracia representativa destinado a imponer la globalización comunista liderada por la URSS por la condena al procedimiento de alteración del orden constitucional susceptible de ser valorado como valioso o disvalioso de manera uniforme o diversa por la comunidad regional en consonancia con los tiempos.

 

Desplegado bajo las mismas premisas que resistían el embate soviético una alta dosis emocional nubla la observación equilibrada del caso hondureño. 

 

Para identificar la situación hondureña con la menor carga de subjetividad es necesario establecer previamente que se ha comprendido como “golpe de estado” y “democracia representativa”.

 

Desde la perspectiva sociológica clásica el golpe de estado se caracteriza por el planeamiento y ejecución de actos destinados a controlar abiertamente los órganos políticos y burocráticos del gobierno de un país ejecutado con la asistencia de las FFAA.

 

Desde el ángulo del derecho significa preparar y perpetrar actividades ilícitas que importan la ruptura del orden constitucional positivo apoyado en la predisposición profesional de la fuerza armada institucional.

 

El elemento común, la “fuerza armada institucional” es un componente clave porque su distribución espacial posibilita el control territorial del país. Ubicar en la presidencia a un civil y en aéreas específicas de seguridad interior y externa a militares proporciona a la fuerza cívica comprometida un amplio margen de libertad para la ejecución de programas sectoriales inviables por elección popular y de capacidad de represión por un tercero.

 

Sin embargo el relevamiento empírico muestra la fluidez de la categoría. La distinción dogmática explicada resulta insuficiente para contener la multiplicidad de realidades. Las asonadas militares fracasadas han afectado en América Latina los sistemas representativos[1].

 

Los magnicidios en EEUU, la lucha antiterrorista supresora del debido proceso en estado de sospecha y vigilancia de la población y los actos de tortura a presuntos delincuentes de Al Qaeda durante la presidencia Bush[2] conforman graves violaciones al derecho de la guerra y de los derechos humanos de carácter de “ius cogens” y a la CDI, que bien pueden ser tachados de golpe de estado silente cuyos actores emplearon el aparato estatal para cometer crímenes no menos graves que los arreglados por el Tribunal Penal de Yugoslavia.

 

Tales hechos no han merecido atención por los organismos internacionales. Ni los gobiernos que se titulan progresistas o revolucionarios han solicitado investigaciones  o denunciado la comisión de tales crímenes. El carácter de imprescriptibles los rescata de la impunidad.

 

No es desacertado pensar que el “affaire” Watergate fue un golpe de estado que provocó la renuncia del presidente Nixon en las vísperas de su juicio político por aventurarse a reconocer al gobierno de la República Popular China e incorporarla al Consejo de Seguridad de la ONU en reemplazo de Taipe.

 

No obstante, una observación mas detenida dejar ver el poder de la justicia de los EEUU sobre el ejecutivo y el empleo de una coyuntura favorable a reafirmar su prestigio. La invocación al privilegio presidencial alegado por Nixon para negarse a informar a la Corte Suprema por tratarse de asuntos de interés nacional fue rechazado por considerar el Alto Tribunal que tal prerrogativa cede cuando se halla comprometida una investigación criminal[3].

 

Si bien no hubiera podido ejecutar una orden de entrega de la documentación requerida, la resistencia adicionaba un motivo decisivo para al avanzado juicio político que incoaba el Capitolio en su contra.

 

Distinta es la resolución de la Corte Suprema en “Bush v. Gore” que otorgó la presidencia al primero. Al obturar la posibilidad de confirmar la voluntad electoral de condados de Florida ofreció base sólida para que fuera llamado golpe de estado silencioso del candidato republicano[4].

 

Recuérdese que la forma de acceso al gobierno del general De Gaulle en 1958 y su conducta posterior fue juzgada por el socialista Françoise Mitterrand quien seria presidente de la República,  como de Golpe de Estado Permanente[5] con la particularidad de que adjudicó el comando de la empresa al líder de la Resistencia y no al general Salan, cabecilla de la rebelión militar en Argelia.

LA ACTIVIDAD DE LOS EEUU

 

Como lo demuestra la historia y ratifica el presente los EEUU desempeñan un papel relevante en el Caribe y América Central.

 

En este caso el Departamento de Estado a diferencia de otras épocas ha privilegiado la diplomacia, el contacto directo con las partes en conflictos genuinos o estimulados para que queden resueltos de acuerdo con su interés.

La secretaria Hilary Clinton sostuvo que la política exterior del país se articula en el smart power[6], combinación de idealismo y realismo para recuperar la credibilidad moral que terminó perdida en era Bush. Se ha decidido entonces que la política exterior sea conducida con pragmatismo, mezcla idealismo de Kennedy con el realismo de Nixon fórmula que dificulta prever el comportamiento de los EEUU en cada caso.  

Honduras es un evento testigo donde en esta etapa el Departamento de Estado ha privilegiado el instrumento diplomático al que factores de política interna y grupos tratan de inclinar en su beneficio. En tal sentido el Departamento de Estado puede verse obligado a poner el asunto en el teatro de las operaciones políticas para lograr que republicanos y demócratas remisos, apoyen el plan de reformas sustanciales al sistema de salud.

Esta complicada madeja de relaciones interfiere en manifestaciones y  decisiones que parecen equívocas si no se las ubica bajo el paraguas de la doctrina del smart power que en este caso se resume en “paciencia y perseverancia” de las “palomas” para alcanzar un acuerdo entre los contendientes y de acusación de defección de la defensa de la democracia a ultranza de los halcones.

La práctica de la doctrina del “smart power”

Sobre la base de información transmitida por el embajador Hugo Llorens dos semanas antes del 28/7 el secretario asistente del Departamento de Estado para Asuntos Occidentales, Thomas Shannon y el mencionado diplomático advirtieron a la Justicia y al Congreso que “no podían hacer nada fuera de los limites de la constitución” y que “si bien la convocatoria de Zelaya era una mala idea no justificaba un golpe de estado[7].

El Centro de Investigaciones sobre Globalización de Canadá (CIG) registra que al desencadenarse los acontecimientos luego que el presidente se pronuncira por “restaurar al presidente electo de Honduras aun cuando se oponga a la política americana”[8] H. Clinton se abstuvo de calificarlo como golpe de estado y utilizó la fórmula de un suceso “no legal” a fin de evitar la automática suspensión de la asistencia económica y el comercio[9].  

Sin embargo no aplicó igual proceder con la ayuda militar (U$S 16.5 millones). Cuando el gobierno de Micheletti prohibió el aterrizaje de la aeronave de Zelaya a costa de represión y vida de manifestantes partidarios pudo hacerlo en la base en la base de Soto Cano situada pocos kilómetros de la capital hondureña que opera con efectivos antidroga de la fuerza área de los EEUU desde 1954. S¡ el mandatario depuesto conservaba la autoridad que el sistema regional le reconocía y ordenaba el desvío debió cumplirse.

La ambigüedad que importa el empleo de la estrategia del “smart power” se tradujo en que mientras el Departamento de Estado legitimaba al gobierno provisional al proponer “diálogo” y “elegir” al presidente de Costa Rica como mediador[10], el  Banco Mundial dirigido por un director estadounidense y el BID congelaban préstamos por U$S 280 y U$S 200 millones, respectivamente[11].

Por otra parte, entidades privadas y mixtas integradas con simpatizantes demócratas y republicanos interesados en la imposición de un estilo de democracia compraban influencia para las autoridades de Tegucigalpa[12] en el Capitolio.  

Es interesante comprobar que CIG al criticar severamente a la Fundación Nacional por la Democracia (National Endowment for Democracy (NED) - organización que reúne a republicanos y conservadores a la que endilga manipular la promoción de la democracia a “menudo en oposición con los intereses americanos”[13] con financiamiento público - coincide con la evaluación efectuada por el Cato Institute hace 16 años.

En 1992 esta entidad, dirigida por conservadores, consigna que como rama del USIS la NED estimulaba una visión de extrema derecha y xenofóbica de la democracia. Habría dado cobertura a operaciones de la CIA e influenciado en las elecciones en contra de Daniel Ortega en la campaña de 1989, financiando a Violeta Chamorro y Checoeslovaquia en 1990, Panamá y Costa Rica, con subvenciones a la oposición de Oscar Arias que recibiera el Premio Nobel por sus esfuerzos de pacificación en la región.

 El Centro mencionado señala ahora que Obama destinó en el presupuesto para el 2010 U$S 320 millones para ser usado en la “promoción de la democracia” cantidad superior a la otorgada por Bush en 8 años[14].

Consideramos que la acusación de Hugo Chávez acerca de que los EEUU orquestaron los sucesos del 28/7 estaría vinculada con el resentimiento con la participación en la asonada del 2002 del embajador Llorens junto con el Otto Reich, a la sazón secretario asistente para asuntos Occidentales del Departamento de Estado y el establecimiento de la ONG. Arcadia. Con la dirección de Robert Carmona Borjas activista antichávez había esta entidad expandió con fondos de la NED (U$S 1.2 millones) la interpretación bushista del mundo de los “dos demonios” y de la democracia.

En el tablero de la acción al 20/7 ofrece el siguiente panorama: los actores persisten en una competencia del tipo win – win. Puede evolucionar al win-win empate por acuerdo – solución, postergación del conflicto, lucha civil y win – lost, restitución de Zelaya con todas las facultades constitucionales o consolidación del régimen de Micheletti.

 

LAS NORMAS CONSTITUCIONALES[15]

 

Las graves fallas en el debido proceso no formaron parte de la discusión que se sumergió en las huracanadas aguas de la ideologización acentuada por las declaraciones poco atinadas del secretario general del organismo regional que alimentaron la escalada rupturista que desertificó el terreno de la mediación del presidente de Costa Rica.

 

El sistema constitucional interpretado por la Corte Suprema se halla formado por el artículo 239 norma negativa, pétrea e inmodificable que prohíbe la reelección al titular del ejecutivo y del vicepresidente y los artículos vinculados 240, 373, 374, 4 y 5.

 

El primero penaliza a aquél que quebrante la disposición o proponga su reforma y a quienes la apoyen directa o indirectamente. La sanción es el cese inmediato en el desempeño del cargo y la inhabilitación para el ejercicio de toda función pública por diez años. El artículo 4 dispone que  “a alterabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria” y que la infracción constituye delito de traición a la Patria.

 

En los años 1998 y 2003 se modificó el articulo 240 vedando la posibilidad de ser electo presidente y vice a los legisladores, jueces,  ministros, secretarios jefes de las FFAA y de la policía, titulares y gerentes de reparticiones públicas que hayan ejercido el cago hasta un  año antes de la elección y al cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente y vicepresidente de la República, que hubieren ejercido el ejecutivo en el año precedente a la elección. Junto con el artículo 239 carece de antecedente en el derecho constitucional comparado.

 

De acuerdo con el artículo 373 la reforma de la Constitución la decreta el Congreso en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros y la subsiguiente legislatura ordinaria debe ratificarla con igual número de votos para que entre en vigencia.

 

El artículo 374 dice que en ningún caso puede sustituirse la norma anterior como tampoco las disposiciones constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial y a la prohibición de reelección.

 

El ejercicio del derecho de consulta se halla sujeto a una ley especial del Congreso, el referéndum puede convocarse para reformar la Carta Magna y el plebiscito,  cuando lo soliciten los ciudadanos sobre aspectos  constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los cuales los Poderes Constituidos no han tomado resolución alguna.

 

La ley que exige el artículo 5 fue sancionada después del la destitución del presidente Zelaya. El 6/7 el Congreso aprobó la reglamentación que indica, en la parte que interesa, que “compete al Tribunal Supremo Electoral, de manera exclusiva, convocar, organizar y dirigir las consultas a los ciudadanos…”[16].

 

El segundo escalón constitucional es el referido a la función de las FFAA. El articulo 272 prescribe que “son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente, no deliberante que se “constituye para mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alterabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Por el artículo 290 sus integrantes no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones en otra forma que la fijada por la ley.

 

El articulo 245 fija que “el Presidente de la República tiene la administración general del Estado”. Los puntos 26 y 37 le otorgan el derecho a ejercer el mando en Jefe de las FFAA en su carácter de Comandante General y de velar para que “sean apolíticas, esencialmente profesionales, obedientes y no deliberantes”.

 

El tercer escalón es el formado por las reglas del debido proceso legal adjetivo y la organización y competencia del servicio de justicia.

 

El articulo 90 dispone que “nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”.

 

El artículo 92 determina que no podrá proveerse auto de prisión sin que proceda plena prueba de comisión de “un crimen o simple delito que merezca la pena de privación de la libertad, sin que resulte indicio racional de quien sea su autor” y  que “en la misma forma se hará la declaratoria de reo”.

 

Finalmente el artículo 102: “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero”.

 

EL PODER JUDICIAL

 

Las disposiciones constitucionales que corresponde vincular al caso que nos atañe son: El artículo 306 por el cual  los órganos jurisdiccionales tiene que requerir en caso necesario el auxilio de la Fuerza Pública para el cumplimiento de sus resoluciones…”.

 

El articulo 308 y 311 señalan que la Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional, esta integrada por quince magistrados electos por el Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, de una nómina de candidatos no menor de tres por cada uno de los magistrados a designar, respectivamente. 

 

El artículo 314 establece que  duran siete años en sus cargos y que en caso de incapacidad para el desempeño, sustitución por causas legales o renuncia ocupa la vacante la persona electa entre los candidatos originariamente propuestos por la Junta Nominadora (JN) al inicio del período.

 

El  sistema de elección de los miembros de la Corte Suprema esta compuesto por dos niveles;  el de selección y el de nominación. En el primero actúa la JN que realiza una convocatoria abierta y selecciona de 45 personas cuya lista es elevada al Congreso que elige por mayoría calificada a los 15 miembros de la Corte.

 

La JN esta constituida por: un representante de la Corte Suprema de Justicia electo por el voto favorable de las dos terceras partes de los Magistrados; un representante del Colegio de Abogados, electo en Asamblea; el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), electo en Asamblea; un representante de los claustros de profesores de las Escuelas de Ciencias Jurídicas, cuya propuesta se efectuará a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); un representante electo por las organizaciones de la sociedad civil; y un representante de las Confederaciones de Trabajadores.

 

El artículo 313 establece que la Corte Suprema tiene entre sus atribuciones “conocer los procesos incoados a los más altos funcionarios del Estado y los Diputados”.

Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad son de ejecución inmediata, derogan la norma inconstitucional, comunicadas al Congreso y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta (art.316).

El artículo 323 apunta que “ningún funcionario o empleado, civil o militar esta obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito”

 

LA RENOVACION  DE LA CORTE SUPREMA

 

Este olvidado actor – elite de los acontecimientos políticos de Honduras fue renovado a comienzos del corriente año tras la preferencia que hiciera la Junta de 98 candidatos luego de excluir a 156 sin que se conocieran los parámetros que posibilitaron la selección. Previo a su envío al Parlamento  se autoexcluyeron tres jueces del Consejo Nacional de la Judicatura a raíz del malestar creado en los ambientes político y profesional y en particular por un amparo interpuesto por una postulante por afectarla en la igualdad de chance.

 

El intento del ejecutivo de colocar a una persona de su confianza que no había sido propuesta por la Junta fue registrada por el diario La Prensa y motivó que el arzobispo de Tegucigalpa, Oscar Andrés Rodríguez, exhortara a los congresistas a descartar las presiones que, según sus dichos, “podían conducir al país a la confusión y anarquía”.

 

Luego de dos semanas de intensas negociaciones, en medio de rumores de que el presidente Manuel Zelaya intentaba quebrar el sistema constitucional el Congreso eligió por aclamación hasta el 2016 a tres mujeres y doce varones. Ocho representan al fragmentado partido oficialista Liberal y siete al Nacional.

 

El embajador de los EEUU, Hugo Llorens, que estuvo presente en varias de las reuniones del Legislativo “saludó el liderazgo del Congreso por deponer los intereses partidarios y unirse para beneficio del pueblo” y reconoció “los esfuerzos de la Junta Nominadora para garantizar que el proceso fuera abierto, y por utilizar métodos progresistas, como las audiencias públicas"[17].

 

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, expresó que los políticos que buscaban poder en la nueva Corte Suprema habían perdido la batalla[18].

 

El perfil de la nueva Corte lo dio el nuevo presidente del Alto Tribunal el día de la asunción al manifestar que venían “con la intención de aplicar el derecho para todos y actuar con neutralidad aplicado al caso concreto".

 

“No existen presiones de ninguna índole, ni estamos dispuestos a prestarnos a ella, actuaremos con toda neutralidad", manifestó.

 

Respecto de los amparos interpuestos por empresarios en contra al alza del salario mínimo, adelantó que  “…atiende las necesidades de los trabajadores y mientras más se les pueda dar, siempre que las condiciones lo permitan, hay que satisfacerlos. Creo que debemos buscar justicia para todos" Los recursos “se estudiarán concienzudamente y se resolverán con neutralidad y arreglo a derecho”[19].

 

Este registro de tensiones y opiniones como así también el comportamiento desplegado luego respecto del primer decreto de “consulta” posteriormente derogado y reemplazado por “encuesta” del presidente Zelaya converge a apreciar que la nueva Corte Suprema puso en movimiento una estrategia poco habitual; enfrentar de forma radical y abierta al ejecutivo aprovechando la división interna en el partido oficial, recuperar prestigio y obtener poder simétrico con las otras ramas de gobierno. 

 

LA JUDICIALIZACIÓN DE LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE ZELAYA

 

Desde el fallo “Madison v. Marbury” de hace más de dos siglos en los Estados Unidos la Corte Suprema sin prisa pero sin pausa fue extendiendo su competencia a raíz de  la devaluación de la autoridad legislativa y ejecutiva.

 

Después de la II GM resultado de los atropellos al género humano del nazifascismo,  el fracaso neokeynesiano primero y neoliberal después y la impregnación posmoderna en el arte y práctica política, fecundó el espacio de control de los actos del ejecutivo y del legislativo acotando los “casos políticos no justiciables”.

 

Bien se ha señalado: “cuando el público y los lideres de grupos de interés observan que las instituciones [surgidas del voto popular] se encuentran inmovilizadas, solo miran para si o se encuentran corruptas, poco puede sorprender que acuerden dejar que las políticas judiciales sean elaboradas por sus integrantes, ya que los miembros de este poder son considerados expertos, rectos y gozan de igual o más legitimidad que los miembros del los poderes ejecutivo y legislativo”.

 

La justa y extrema sensibilidad a la actuación de las FFAA reinante en América Latina fulminó la apreciación serena del acontecimiento del 28 de junio último y la comunidad internacional adhirió acríticamente a calificar la crisis hondureña como golpe de estado militar sin ocuparse por desentrañar si estaban reunidos los elementos constitutivos.

 

El proceso truncado

 

Los comunicados y Anexos con las piezas fundamentales del expediente dados a conocer por el Poder Judicial[20] conforman las actuaciones contra el presidente Zelaya Rosales, la Declaración de la Conferencia Episcopal, la Resolución de la OEA de suspensión de la membrecía de Honduras, la decisiones adoptadas por los sociedad internacional y las conductas reales y presuntas de los actores son los materiales a estudiar para valorar la legalidad o ilegalidad del desplazamiento del titular del ejecutivo hondureño.

 

De la lectura de la documentación se desprende que la crisis comienza a escalar el 8/3 cuando el Ministerio Público (MP) interpone una demanda de suspensión del decreto PCM – 005 – 2009  dictado el 23/3.

 

Alega que la mencionada disposición constituía un acto administrativo tácito (no publicado en el Diario Oficial la Gaceta oficial) de disposición ilegal porque convocaba al pueblo hondureño a una consulta para el 28/6  a fin de recabar el pronunciamiento por “si” o “no” acerca la convocatoria a una asamblea constituyente en trasgresión al artículo 239 y concordantes con intervención impropia del Instituto Nacional de Estadísticas[21]..

 

El 27/3 el juzgado en lo Contencioso dicta una sentencia interlocutoria por la que hace lugar al recurso MP destinado a invalidar el decreto citado. Sostiene se hallaban reunidos los recaudos para proceder a la suspensión porque la ejecución “hubiere ocasionado daños o perjuicios de reparación imposible o difícil” (art. 21 Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo) de carácter económico político y social. Con insólito argumento el ministro de la presidencia Enrique Flores Lanza afirmó que aun cuando no estuviera publicado las “instituciones del Poder Ejecutivo tienen que obedecerlo en razón del “régimen presidencialista”.

 

Insulza manifestó que a la OEA le correspondió reaccionar ante un hecho específico que no admite justificación y afirmó, “la primera cosa que se debe hacer cuando ocurre un golpe de estado es denunciarlo por su nombre y no iniciar negociaciones ni legitimidad a sus perpetradores”. Agregó que “las gestiones del Presidente Arias son la secuencia lógica de lo que la OEA hizo y no hubiesen sido posibles de no haber actuado de la manera como lo hicimos”.

 

El 29/5 a solicitud del Ministerio Público el Tribunal aclara que la sentencia dictada “incluye cualquier otro acto administrativo de carácter general o particular que se haya emitido o emita ya sea expreso o tácito, por su publicación o falta de publicación en el Diario Oficial que conlleve al mismo fin del acto administrativo tácito de carácter genera que se haya emitido o emita sea expreso o tácito, por su publicación  o falta de publicación en el Diario La Gaceta Oficial, que conlleve el mismo fin del acto administrativo tácito… que ha sido suspendido así como cualquier cambio de denominación en el procedimiento de consunta o interrogatorio que implique evadir el cumplimiento de la sentencia interlocutoria que se aclara”.

 

El 3/6 libra un oficio a la Presidencia de la República con apercibimiento de infligir el Código Penal, la ley de jurisdicción judicial y las normas relativas a la ejecución de sentencia.

 

Realizadas las notificaciones pertinentes y sin respuesta el 16/6 declara inadmisible por carencia de legitimidad la acción de amparo interpuesta por un particular a favor del presidente Zelaya. El 18/8 el juzgado interviniente libra una segunda notificación reiterando su decisorio e intima a que en el plazo de cinco días a que informe acerca de las medidas adoptadas.

 

Sucesos del 25/6 son:

 

a) La Sala Constitucional de la Corte Suprema hace lugar a sendas  presentaciones de un particular y del Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución del MP contra el decreto que resuelve separar del cargo al jefe del estado mayor conjunto de las FFAA y suspende provisionalmente el acto del ejecutivo.

 

b) El Tribunal Supremo Electoral declara ilegal la encuesta por violatoria a la Constitución a la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas. Junto con la Fiscalía de Estado procede al comiso del material relativo al evento en las instalaciones de la base aérea de Hernán Acosta Mejía.

 

c) El titular del ejecutivo se traslada a la precitada base área y retira 814 cajas con material para la encuesta de opinión comisadas por la Justicia.

 

d) A solicitud del MP el Juzgado Contencioso libra un oficio a las FFAA  en el que comunica que “ante la desobediencia del ejecutivo” resuelve suspender toda actividad relacionada con la encuesta que debía llevarse a cabo al día siguiente.

 

e) La Corte Suprema, ordena al Juzgado de Letras Penal Unificado la continuación del procedimiento ordinario establecido en el Código Penal en vista de que el “ciudadano Zelaya Rosales a esta fecha no ostentaba el carácter de alto funcionario del estado”[22].

 

Los eventos del 26/6:

 

El MP fundamenta en distintas normas constitucionales e infraconstitucionales la ilegalidad de la conducta del Ejecutivo por pretender sanear el vicio sustantivo que impregna el decreto de consulta con otro con la palabra encuesta, soslayar la intervención de la Justicia Electoral con la del Instituto Nacional de Estadísticas, suplantar la soberanía nacional y las facultades del Congreso, abusar de autoridad ante el incumplimiento de sentencias por medio de la negación de “un no hacer intencional”,  sobre ejecutoriedad de actos administrativos, con cita del doctor Roberto Dromi,  y ordenar a las FFAA para que apoyen con sus recursos a la mencionada repartición estatal para la encuesta.

 

Acusa a Zelaya de autor de los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio del estado y de la administración publica.

 

El 28/6 se producen los hechos siguientes:

 

1) El Ejecutivo publica en el diario oficial el decreto PCM-019-2009. El artículo 1 anula el decreto ejecutivo DCM-005-2009 a partir de la fecha de su emisión y dicta el DCM – 020 -2009 que “instruye a todas las dependencias y órganos de la Administración Pública para que se incorporen y ejecuten activamente todas las tareas que le sean asignadas para la realización del proyecto denominado: ‘Encuesta de Opinión Pública Convocatoria Asamblea Nacional Constituyente que constituye una actividad oficial del Gobierno…”[23].

 

El secretario privado del Presidente, Enrique Reina, dice que los medios oficiales no obedecerán la prohibición del Tribunal Supremo Electoral de divulgar las promociones de la “cuarta urna” porque dicho organismo no publicó tal determinación en La Gaceta.

 

Sin embargo, el titular del Poder Judicial, Jorge Rivera, afirma que las resoluciones del órgano electoral son obligatorias y que el nuevo decreto no modifica la ilegalidad del acto ya que solo se cambia la palabra “consulta” por “encuesta de opinión pública”.

 

2) Frente a un pedido fiscal de aclaración sobre los alcances los alcances del interlocutorio del 27/5 ante las nuevas circunstancias el Tribunal reitera los términos de la aclaratoria de entonces, la Procuración señala que el MP puede pedir al Juzgado que actúe de oficio para que no tenga efectos el nuevo decreto.

 

3) El Supremo Tribunal en nombre del Poder Judicial emite un comunicado al pueblo y deja constancia que “si el origen de las acciones de ese día estaba basado en una orden judicial emitida por juez competente, su ejecución esta enmarcada dentro de los preceptos legales que deben desarrollarse contra todo lo que ilegalmente se anteponga a devolver al estado de Honduras, el imperio de la ley”.

 

4) Hace lugar al requerimiento fiscal de acusación a Zelaya de los delitos de citados antes y ordena por unanimidad remitir las actuaciones al Juzgado de Letras Penal Unificado para que continúe con el procedimiento ordinario establecido en el Código Penal con vista al imputado. 

 

5) El Consejo Judicial Centroamericano y la Corte Suprema de Honduras comunican las decisiones adoptadas a las Cortes de El Salvador, Nicaragua, Panamá, Dominica y Costa Rica.

 

6) La Corte requiere al jefe del estado mayor conjunto de las FFAA la captura del presidente Zelaya Rosales y el allanamiento de su domicilio.

 

7) Las FFAA detienen y expatrian al presidente Zelaya a Costa Rica.

 

8) El Congreso aprueba el informe de una comisión especial nombrada para investigar su comportamiento constitucional encuentra a Zelaya incurso en “reiteradas violaciones” de la Constitución, leyes y sentencias judiciales y decreta su destitución.

 

9) En virtud del artículo 242 la Constitución designa como presidente provisional de la nación al titular del cuerpo Roberto Micheletti. Se encontraban en instrucción 18 causas penales contra la administración pública por sobreprecios, revalidación ilegal de licencias de pilotos de aeronaves, trafico de influencias[24].

 

El 29/6 la Corte Suprema hace lugar al requerimiento fiscal del 26/6 de acusación al titular del ejecutivo por los delitos consignados “ut supra” en carácter de autor responsable y designa a uno de sus integrantes para que conozca en las etapas preparatoria e intermedia del proceso de acusación. 

 

INTERPRETACION DE LOS HECHOS

 

La hermenéutica de este relato puede resumirse así:

 

a) Dadas las circunstancias temporales se hallaba configurada una situación de peligro a bienes jurídicos tutelados por la Constitución encuadrada sobre todo en los crímenes de abuso de autoridad y usurpación de funciones.

 

b) Las FFAA no actuaron visiblemente por cuenta de terceros sino por orden judicial de acuerdo con la ley. Los tribunales votaron siempre por unanimidad.

 

c) Se expuso la “creencia” sobre la participación de “un poderoso grupo de inteligencia del partido republicano de los EEUU para meter en una trampa la política de Obama hacia América Latina”[25] no confirmada, como tampoco de un asociación ilícita de los grupos de interés en la instigación de los hechos[26]. No obstante el gobierno de Micheletti ha encontrado apoyo en ciertos sectores del partido republicano de los EEUU y América Latina y reunido a favor de Zelaya a corrientes liberales y chavistas.

 

d) Los motivos de los pronunciamientos de la justicia no merecen reparos. El delito de peligro se encontraba configurado. El servicio de justicia se hallaba ante una situación interpretada de riesgo de lesión a un bien jurídico en el mundo real[27], la inminencia de concreción de un acto inconstitucional que además hubiera teñido de ilegalidad la participación de las FFAA en la “encuesta”.

 

No obstante, las reglas del debido proceso legal adjetivo quedaron comprometidas seriamente al admitir la expulsión del presunto transgresor a la Constitución toda vez que comprometió el artículo 102 que manda que  “ningún hondureño podrá ser expatriado…”.  

 

e) Técnicamente correcta la orden de allanamiento y detención dejó de responder al mandato de la diosa Metis[28], consustancial del código genético judicial: actuar con prudencia al ocuparse del objeto de su actividad; decir el derecho con prudencia (jurisprudencia) cuya fórmula maximalista es: “todo en la medida de lo posible”.

 

f) La resolución tuvo que se administrada “tranquilitati animi”, invitación a la serenidad que hiciera Séneca en una época de crisis. Un observador ha concebido la prudencia judicial como “la apreciación realista de lo imposible y poco práctico,… buscado certeza, atemperada por una estima de la incertidumbre y de la fragilidad de la condición humana”[29] y como rama del gobierno sopesar las consecuencias. El antecedente “United States v Nixon” y la “reponsa prudentium” de pensadores y académicos hubieran sido útiles para delinear una estrategia procesal orientada producir la renuncia del presidente.

 

Se trató entonces de una actividad iurisimprudente. 

 

LA OEA: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y NO INTERVENCION

 

Las dificultades que tiene la OEA para superar el ritual de condena y solución de conflictos en el sistema interamericano se deben al código genético que le diera nacimiento junto con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en la era de la Guerra Fría.

 

La conferencia de Bogotá en 1948 aprobó una declaración sobre la preservación y defensa de la democracia en América, declaró que el comunismo internacional o cualquier otra doctrina totalitaria incompatible con el concepto de democracia (Resolución XXXII) y dejó en manos de cada país las medidas de contención al tiempo que garantizaba a los estados miembros el derecho a gobernarse de acuerdo con los principios democráticos.

 

Esta normalización contiene una tensión irresuelta entre democracia y no intervención que pretendió resolver la previsión del TIAR para la acción colectiva frente a una agresión que no sea ataque armado  y – sobre todo - a ambigüedad del concepto “democracia representativa” agravada cuando en sendos Protocolos se buscó abarcar la anomalía de los golpes de estado.

 

El “Protocolo de Cartagena de Indias” de 1985 estableció que “la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”.  El artículo  2. b) reza” los estados se comprometieron a  “remover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención.

 

El Protocolo de Washington 1992 dispuso en el articulo 9 que “un miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en [todos los organismos de la entidad] mientras el apartado a) refirió a “la facultad de suspensión solamente será ejercida cuando hayan sido infructuosas las gestiones diplomáticas que la Organización hubiera emprendido con el objeto de propiciar el restablecimiento de la democracia representativa en el Estado Miembro afectado”

 

NÚCLEO DISPOSITIVO DE LA CARTA INTERAMERICANA

 

Se reconoce el derecho a la democracia, no el derecho de gozar de una democracia. El articulo 3 contiene una descripción de “soft law” abierta. A  mero titulo enunciativo se consideran “elementos esenciales de la democracia representativa el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

 

El articulo 4 incursiona en los componentes esenciales para su ejercicio consignando la transparencia y responsabilidad en la gestión del gobierno, la probidad, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa” así como “la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida…“

 

Los artículos 17 a 22 regulan el procedimiento para fortalecer y preservar la institucionalidad democrática. El artículo 17 contempla la posibilidad de que un estado miembro considere que se encuentra en estado riesgo político y solicite asistencia a la OEA.

 

El artículo 18 prevé que en el supuesto de peligro en el funcionamiento del sistema democrático con el consentimiento del afectado, la Organización analiza la situación y sobre la base de una apreciación colectiva el Consejo Permanente en “caso necesario” puede adoptar decisiones para preservar la institucionalidad democrática y fortalecerla.

 

El articulo 19 declara que “la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado y mientras dura  se considera un obstáculo insuperable para la participación de gobierno involucrado “en los distintos organismos de la OEA.

 

El artículo 20 refiere a esta última posibilidad con un contenido de alta subjetividad ya que debe tratarse de “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”. Prescribe que en tal caso “cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación, adoptar las decisiones y según sea “disponer gestiones diplomáticas, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”. Cuando “… resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la Carta Democrática”

 

 Los artículo 21 precisa que cuando la Asamblea General, convocada a sesión extraordinaria, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, tomará la decisión de suspender a dicho estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de sus miembros.

 

La suspensión entra en vigor de inmediato y el estado sancionado queda  obligado a continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.

 

Esta disposición es declarativa y contradictoria. Declarativa porque carece de sanción, contradictoria porque constituye un sofisma compeler a la autoridad ilegal a cumplir con disposiciones legales de las que además abjura y poder alcanzar el restablecimiento de la democracia sin realizar gestiones diplomáticas con el estado suspendido.

 

La falta de contenido jurídico operativo de “democracia representativa” no fue solucionada tal como lo manifiesta el instrumento empleado para contener su alcance: una Resolución no es un tratado, es una regulación de “soft law” con valor reputacional. La punibilidad de la trasgresión queda en manos de cada uno de los 34 estados miembros.

 

El representante de Chile en la reunión del 2001 en Lima precisó las limitaciones apuntadas al decir: “No hemos ido más allá, en lo dispositivo, de lo que señalan las normas vigentes desde comienzos de la década pasada, que son el Compromiso de Santiago y la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91), que establece el mecanismo de reacción regional contra los golpes de Estado” Acota esta observación al afirmar: “Sin embargo…  hemos codificado tales normas y aportado definiciones… que resumen la noción que en el Hemisferio se tiene hoy acerca de lo que vale y representa la democracia” (las bastadillas son propias)

 

¿Qué hacer frente a nuevas y sutiles deformaciones de la democracia, que actúan en  los centros de poder cuyas acciones privan de las libertades y derechos,  silencia a la prensa, altera las competencias judiciales, se vale de la corrupción para aniquilar el papel de la oposición respeta en apariencia las formalidades y requisitos procedimentales de las leyes electorales? [Colombia  agregó el “abuso de poder” y la “anarquía” provocada por los excesos de la oposición]”.

 

El embajador de Perú entendió, desacertadamente, que la Carta aportaba reglas de competencia claras, con referentes procesales definidos en relación a la acción colectiva que podría asumir la Organización en los casos en los que se afecte la institucionalidad democrática sin que ésta se interrumpa abruptamente.

 

El representante del gobierno de Bogotá puso en dudas esta seguridad al  formular la pregunta remate sin respuesta concreta: “¿Cómo llevar a cabo una tarea de defensa de la democracia frente a posibles alteraciones en el orden interno, sin violar el principio de no-intervención?

 

A nuestro juicio, dijo, la contradicción es apenas aparente...Hay un cierto equilibrio dialéctico entre los conceptos (que antaño parecían excluyentes), de promoción de la democracia y no intervención, definido originalmente este último por la propia Carta de la OEA como la prohibición a todos los Estados de “intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro” y, más adelante, como el derecho de todo Estado a “elegir sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse de la forma que más convenga”.

 

¿Puede haber contradicciones “apenas aparentes? Si, ocurre cuando se usa la sofistica  que permite que las proposiciones puedan ser racionalmente  fundamentada por los contendientes.

 

El conflicto no ha encontrado solución. Después de siete años la Comisión de Asuntos Jurídicos de la entidad puntualizó en 2008 las falencias que afectan a la Carta. Tal conclusión rompe con el límite de la discrecionalidad y abre la puerta a las múltiples rutas de arbitrariedad en la adopción de las resoluciones de los órganos de la OEA y transitivamente con la que nos ocupa.

 

Puede ser colocada fácilmente en el molde de la constitución “semántica” de Karl Lowenstein  “que… funciona en su totalidad pero con el fin de enmascarar el competencia de fuerzas políticas reales. El texto fundamental se utiliza como instrumento retórico más al servicio de los poderes de hecho. La constitución es una suma de palabras”[30].

 

Sin una definición jurídica de democracia y sobre qué constituye una grave amenaza se erige una barrera que obstaculiza el diálogo con el estado  perturbado en su estabilidad democrática.

 

La falta de interés se ha traducido en que la Comisión de Asuntos Jurídicos deba continuar con el estudio de cómo interpretar el término “gobierno y el propio status de la Carta Democrática”.

 

Debemos agregar ¿qué debe entenderse por “afectación grave del orden democrático” ¿Cuales son los parámetros para el encuadre? “Elecciones periódicas” es una indicación sumamente vaga. Puede significar comicios cada diez años si lo dispusiera una reforma constitucional o una norma infraconstitucional, legítima y legal.

 

¿Hay forma de medir la “transparencia” sin caer en la manipulación de los indicadores. ¿Hay consenso para determinar la “probidad” en el ejercicio de la función pública y el “respeto por...”? El sintagma “apreciación colectiva” apunta al consenso regional pero lo asienta en la subjetividad de la evaluación de situación que efectúa el Consejo. Es evidente que se prescindió en aras de un acuerdo formal de incluir la frase “apreciación colectiva objetiva”, mas ajustada a los principios del estado de derecho que se invocan. 

 

La reticencia para acercar precisiones a tener presentes en los distintos supuestos de alteración del orden constitucional ha implicado una ingeniería  político - jurídica con cimiento en tres pilares que caracterizan  la naturaleza primitiva del derecho internacional público regional afincado en el tratado de Wetsfalia; legitimismo democrático, coordinación interestatal y ausencia de jurisdicción independiente que es asumida por el órgano ejecutivo.

 

El diseño arquitectónico a consolidado la vigencia de una regla procesal que viabiliza según las circunstancias decidir ora de acuerdo con el principio de “no intervención” ora con el de “intervención democrática”.

 

La imposibilidad que la misma Comisión ha reconocido de instituir un Tribunal Interamericano de Justicia pone al desnudo la inconsistencia de un sistema de colectivo de seguridad democrática como queda demostrada una vez más en el caso Honduras.

 

Podrá decirse que es propio del Derecho Internacional Público que las disposiciones sean deliberadamente ambiguas para negociar y acordar. Pero la experiencia contemporánea denota que la presencia de una profunda zanja entre texto y realidad, entre razón alegada y razón verdadera, entre motivación explicita y motivación oculta, consolidó la provenientes de la Guerra Fría y sumergido en el desconcierto, la desconfianza y el abandono de los caminos hacia la solidaridad.

 

LA CUESTION EN LA OEA

 

El 26 de junio días antes del desplazamiento de Zelaya, el embajador de Honduras, Carlos Sosa, solicita la “asistencia” de la OEA en virtud de la crisis política que vivía su país, porque, dijo, la institucionalidad democrática y el ejercicio legítimo del poder están en riesgo.

 

El diplomático demanda una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA y el envío de una misión para que analice los acontecimientos políticos en su país.

 

Sosa afirma que el Gobierno tiene “motivos para creer que la institucionalidad democrática y el ejercicio legítimo del poder están siendo amenazados”.

 

El 1/7 la Asamblea General de la OEA condena de manera “vehemente el golpe de estado contra el gobierno hondureño y la arbitraria detención y expulsión del país del presidente Zelaya Rosales. Exige la inmediata, segura e incondicional restitución de sus funciones y desconoció que de tal hecho pudiera surgir un gobierno.

 

El 3/7 en un comunicado el Episcopado de Honduras reconoce las imputaciones realizadas contra Zelaya, demanda explicación acerca de la violación al articulo 102 de la Constitución y solicita a la OEA “que preste atención a todo lo que venia sucediendo fuera de la legalidad en Honduras y no solamente a lo sucedido a partir del 28 de junio recién pasado. Hace además un llamado especial a la comunidad internacional  manifestando “el derecho que tenemos a elegir nuestro propio destino, sin presiones unilaterales de cualquier tipo” y rechaza “amenazas de fuerza o bloqueos de cualquier tipo que solamente hacen sufrir a los más pobres”[31].

 

Después de escuchar un informe del Secretario General Insulza[32] la Asamblea debate la situación del 4 al 6 de Julio y dicta una nueva Resolución. De acuerdo con el articulo 21 de la Carta Democrática suspende de “inmediato” el derecho de Honduras a participar de la organización. El gobierno de Tegucigalpa responde con la denuncia de la CDI y la renuncia a la OEA[33].

 

El documento hace referencia “al empeoramiento de la crisis política de la cual resultó un golpe de estado y a la arbitraria detención y expulsión del presidente Zelaya”. Después de reafirmar el principio de “no intervención” y del estado de derecho .  Instruye al Secretario General para que junto con representes de varios países refuercen las iniciativas diplomáticas destinadas a restablecer en el poder ejecutivo al ex mandatario y exhorta a los estados miembros y organizaciones internacionales a rever sus relaciones durante el periodo de diligencia de tales actividades[34].

 

 

CONCLUSIONES

 

1. En la etapa analizada la conmoción institucional en Honduras alineó al sistema interno en la esfera de la oposición diametral entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo continuada después del 28/6 en al plano regional entre un bloque, Poderes Ejecutivo Provisional – Parlamento y un desafinado concierto,  EEUU - OEA - gobierno destituido – sociedad internacional.

 

2. La fuerza reguladora del disturbio han sido los EEUU que morigeraron la tensión, asistidos por la falta de eco a las acusaciones de Venezuela que ha empleado la retórica ideológica y el comercio del petróleo como recursos contra Washington y el gobierno de Micheletti, respectivamente.

 

3.  El tablero de la acción política al 20/7 ofrece las siguientes hipótesis: los actores persisten en un competencia de tipo win – win. Puede evolucionar al minimalista del win - win empate por acuerdo con postergación larvada del conflicto o solución duradera o lucha civil y de win – lost, restitución de Zelaya con todas las facultades constitucionales o consolidación del régimen de Micheletti.

 

4. El decreto que dispuso realizar una “consulta” al pueblo hondureño a fin de conocer la opinión sobre una reforma constitucional con el subyacente propósito de modificar los artículos pétreos de la Carta Magna de 1982 que prohíben la reelección de la fórmula presidencial y de otros altos funcionarios de las tres ramas del estado brindó a la magistratura la oportunidad para maximizar el ejercicio de la independencia e imparcialidad exigida por la Ley Fundamental por medio de la judicialización de la política.

 

5. La decisión de Zelaya puso de manifiesto una sociedad estratificada en ricos - ricos y pobres – pobres donde la participación de estos es simplemente formal y lo será hasta tanto se mantenga el alto nivel de pobreza y analfabetismo.

 

6. El presidente destituido pretendió terminar con una situación de equilibro inestable dentro y fuera de su partido con la convocatoria a una “consulta” cuyo procedimiento no estaba reglamentado.

 

7. La determinación de legitimar una “cuarta urna” en las elecciones nacionales de noviembre del corriente año descubrió un estado de crisis por causas endógenas de un modelo de gobierno de naturaleza patriarcal.

 

8. La intempestiva modificación del tono de la convocatoria reemplazado la palabra “consulta” por “encuesta”,  sin intervención de la justicia electoral, fue un signo de debilidad. Tal desatino quedó compensado con la abstención de impedir que las FFAA expulsaran del país al presidente.

 

9. La acción de las FFAA estuvo sustentada en una orden judicial legal toda vez que estaba dirigida a corregir la desobediencia a una sentencia.

 

10. La resolución de la Corte Suprema de detener al presidente es inédita en la historia constitucional.

 

11. El “caso” no puede ser catalogado de “golpe de Estado”, ya que no cumple con dos rasgos fundamentales: uso de la fuerza militar institucionalizada con desplazamiento de un gobierno democrático y conquista de la dirección del estado por grupos de interés civil o cívico - militar.

 

12. La tolerancia a la expatriación en lugar del juicio regular por los crímenes imputados fue una seria alteración a las reglas del debido proceso adjetivo. Perjudicó el operativo de desplazamiento legal del presidente y abonó el terreno a las resoluciones de la OEA. La CSJ debió ordenar el arresto y procesamiento de los responsables inmediatos y mediatos si los hubiere.

 

13. El facto militar obnubiló la observación objetiva de la causa y sobre los protagonistas institucionales.

 

14. Las Resoluciones de la OEA y los comentarios han prescindido de calificar la conducta de la Corte Suprema de Justicia pese a ser el actor principal de la destitución del presidente.

 

15. La Constitución de Honduras carece del instituto del juicio político.

 

la Carta Magna luego de un Informe Especial de cinco miembros del Congreso declarara que “la conducta del presidente Zelaya hace peligrar su fidelidad a la república”.

 

17. La comunidad internacional reaccionó apresurada e irreflexivamente al creer encontrarse con el estigma de los golpes de estado de triste memoria.

 

18. Se encuentra irresuelta la definición jurídica de “democracia representativa”. La situación paraliza la construcción de un sistema de seguridad democrática en América. Antecedentes intervencionistas de EEUU y el principio de “no intervención” se encuentran en tensión permanente difícil de resolver.

 

19.  La forma en la que el secretario general de la OEA expuso su informe en la Asamblea estuvo alejada de contribuir a serenar los ánimos. Su posterior manifestación de que “la primera cosa que se debe hacer cuando ocurre un golpe de estado es denunciarlo por su nombre y no iniciar negociaciones ni legitimar a sus perpetradores”[35] descoló la tarea del mediador.   

 

20. El gobierno de Washington encaminó una política de distención – solución con las reglas de la realpolitik, llamada por la secretaria de estado “smart power”. La conducta estratégica de intervención indirecta con el impulso a la mediación del presidente de Costa Rica se afinca en:

 

20.1. El presidente Obama exigió la “restauración” de presidente Zelaya pero se abstuvo de calificar su desplazamiento como golpe de estado. El Departamento de Estado al definirla como “no legal” evitó la suspensión automática de asistencia por U$S 100 millones[36].

 

20.2. El llamado al diálogo efectuado por el Departamento de Estado constituyó en si mismo el reconocimiento del gobierno de Micheletti.

 

20.3. La responsabilidad política para la solución fue delegada y publicitada por el arco de estados opositores a Tegucigalpa. El fracaso de Arias, como  intermediario visible, arrastra la reputación de la Casa Blanca.

 

20.4. La continuación del conflicto consolida la ambigua doctrina del proteccionismo democrático que soslaya y que paradójicamente los países de Latinoamérica dejaron de percibir como fuente de intervencio0n en los asuntos internos.

 

20.5. La prolongación de la competencia bajo un juego de suma cero genera costos adicionales crecientes para la recuperación que quedará en manos estadounidenses, del FMI –  Banco Mundial. El gobierno del presidente Zelaya había solicitado en el año 2008 un “stand by” que se encuentra pendiente. Comprometía un ajuste del presupuesto en un  2%[37]. La demora de entonces se debió a la insatisfacción de la administración Bush con las autoridades, ahora por razones opuestas debiera mantener la misma posición. La influencia de EEUU en la entidad es hegemónica por detentar poder de voto decisivo.

 

20.6.  La OEA es ineficiente, pero juega el rol de moderadora de la demanda de los países del área. El papel amortiguador le representa al Tesoro el 60 % del costo burocrático.

 

21. La resolución de la OEA de reinstalación plena de la autoridad de Zelaya se ha transformado con el plan de Arias en una simple hoja de papel.

 

22. La organización social estructurada sobre la base de la familia patriarcal se halla en crisis. Pujas personales y proceder tribal exponen actitudes reales o aparentes de enfrentamiento[38].

 

23. La proyectada modificación del Código de Comercio orientada y subvencionada por el BID esta destinada a  reemplazar la sistemática actual que data de 1950. El propósito es reemplazar la organización empresaria de tipo familiar que debilita la responsabilidad y derecho de los accionistas para demandar a los directores por transacciones perjudiciales para la compañía[39].

 

24.  La sociología, el derecho político y constitucional habrán de incorporar como tema de estudio el “caso Honduras”.  

 

Al momento de terminar esta nota el plan de siete puntos del presidente Arias no ha tenido acogida por las autoridades de Tegucigalpa. El curso de los acontecimientos es incierto.



[1] El Golpe de estado contra el presidente Frondizi no logró la instauración de un gobierno cívico militar. La sucesión fue constitucionalizada con la asunción del vicepresidente del Senado a cargo de la vicepresidencia pero obligó a cambiar la impronta política del ex mandatario. El movimiento militar de Semana Santa en 1987 obtuvo del gobierno de Alfonsín las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que durante 20 años impidieron el juzgamiento de militares comprometidos en actos de genocidio de 1976/83.

 

[2] "The Bush administration issued a pair of secret memos to the CIA in 2003 and 2004 that explicitly endorsed the agency's use of interrogation techniques such as waterboarding against al-Qaeda suspects”, ("CIA Tactics Endorsed In Secret Memos: Waterboarding Got White House Nod." Joby Warrick, Washington Post, 15/10/08, www.washingtonpost.com)

 

[3] “United States v. Nixon” 418 U.S. 683, 24/7/74. Fue decidida por 8 votos contra 0, sin participación del juez conservador Rehnquist.

 

[4] “A Silent Coup d’État: Only in America”, Edward Greer, Monthly Review, febrero 2001.

 

[5] “Le Coup d’Etat Permanent”,  François Mitterrand, agotado, versión Internet.

 

[6] “Usaremos lo que se ha llamado smart power – toda la variedad de medios a nuestra disposición – diplomáticos, económicos, militares, políticos, legales,  culturales – escoger una o una combinación de todas estas herramientas, para cada situación. Con el smart power, la diplomacia estará a la vanguardia de la política exterior ("Clinton: Use "Smart Power" In Diplomacy". CBS News. www.cbsnews.com)  El término fue empleado varias veces por H. Clinton durante la audiencia de confirmación en el Senado del 13/1/09.

 

[7] “In a coup in Honduras, Ghosts of Past U.S. Policies” Helene Cooper y Marc Lacy, NY Times 20/6/09.

 

[8] “Text: Obama´s speach at  the New Economic School”, NYTimes, 2/7/09.

 

[9] Instó a las partes a respetar el orden constitucional y el estado de derecho. “Hilary Clinton condena expulsión de Zelaya de Honduras”, El Universal 28.6.09.

 

[10] Hilary Clinton confirmó en una conferencia de prensa que el presidente de Costa Rica, Oscar Arias será el mediador y que la prioridad de su país “es que las dos partes…inicien un diálogo directo” Noticias24.com 7/7/09.

 

[11] “El presidente del Banco Mundial (BM), Robert Zoellick, dijo hoy que el organismo suspendió la entrega de 270 millones de dólares a Honduras hasta que no se aclare la situación política en el país tras el golpe militar del domingo (“Banco Mundial suspende entrega de 270 millones a Honduras” www.prensa.com, 30/6/09 y “El BID congela préstamos a Honduras” Summanews, 1/7/09, con fuente en laprensagrafica.com)

 

[12] John Negroponte sindicado como director de las fuerzas “contra” los movimientos revolucionarios en Nicaragua y El Salvador ocupo distintos cargos con Condolezza  Rice  es junto con  Thomas Mc Larty miembro del staff de Bill Clinton titular de una de las mas importantes empresas de consultoría de Washington que actúa como grupo de presión sobre el gobierno de Obama.( “Washington behind the Honduras coup. Here is the evidence repression intensifies”, Eva Golinger, Centre for Research on Globalization, 22/7/09. Véase también: “Honduran Rivals see U.S. Intervention as Crucial in Resolvilg Political Crisis”3, NYTimes 13/7/09.

 

[13] “The National Endowment for Democracy”, Barbara Conry, analista de política exterior del Cato Institute. Cato Foreign Policy Briefing No. 27, 1993, www.cato.org.

 

[14] Idem, anterior,

 

[15] “Constitución política de la República de Honduras de 1982 a 2005 y sus modificatorias www.pbda.georgetown.edu

 

 

[16] “Aprobada Ley del Plebiscito en Honduras. Sectores sociales aplauden la decisión del Congreso Nacional. No cabe el veto presidencial”, 8/6/09, el heraldo.hn

[17] Ídem “Prometemos….

 

[18] “Prometemos que no vamos a defraudar”, La Prensa.hn_Apertura, 27.01.09.

 

[19] Idem, “Prometemos…

 

 

[20] “Corte Suprema de Justicia Comunicado Especial”, www.poderjudicial.gov.ba

 

[21] El decreto refiere a la realización de  una “consulta popular” para la instalación de la cuarta urna en las elecciones del 29 de noviembre, para decidir si se convocaba a una Asamblea Nacional Constituyente que redactara una nueva Constitución. Se convoca a la ciudadanía a fin de que responsa a la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que apruebe una constitución política?

 

[22] Idem, anterior.

 

[23] “Cambio de reglas a última hora”, La Tribuna, 28/6/09.

 

[24] “Honduras, o la hora de la espada de un país hundido en la pobreza”, Jorge Lanata, Perfil, 12/7/09.

 

[25] “Honduras es un país fuera del tiempo”,  entrevista de Osvaldo Bazán a Horacio Castellanos Moya, diario Crítica de Argentina 14/7/09.

 

[26] El golpe habría sido concebido por la primera de las cuatro clases sociales que define Max Weber, (clase alta propietaria, la clase propietaria de los empleados  de cuello blanco, la pequeña burguesía, y la trabajadora). El estamento propietario se encontraba resentido por la reforma agraria que a comienzos de su mandato el 2006 había distribuido tierras de 7000 personas (alrededor del 0.1 %  de la población) que detentaba el 80 % de las tierras. Menos credibilidad guarda la afirmación de que el actual propósito reformista de Zelaya encontraba fundamento en que la Constitución del 82 fue inspirada por las FFAA  y la intensión de erradicar la corrupción cuando hay más de una decena de causas penales en trámite referidas a delitos contra la administración pública (Véase, “Honduras Coup D’état”, Anton Caragea, 1/7/09, www.worldpress.org.)

 

[27] “Derecho Penal Parte General”, Raúl Zaffaroni, Alejandro Slokar, EDIAR 2002.pag 491.

 

[28] Diosa de la prudencia primera esposa de Zeus.

 

[29] “Who Guards the Guardians?” Martin Shapiro, Judicial Control of Administration 136  (1988).

 

[30] “La V República Francesa, una puerta abierta a la dictadura constitucional”, Manuel Jiménez de Parga y Cabrera. Editorial Tecnos, Madrid, pag. 122.

[31] “Pronunciamiento del Episcopado Hondureño. Comunicado de la Conferencia Espiscopal de Honduras”, www.laprensa.hn, 3/7/09.

 

[32] “No existe de parte del gobierno de facto, ni de la Corte Suprema de Justicia, ninguna disposición a modificar la conducta asumida. Al contrario, la versión que la Corte Suprema entrega de los hechos intenta mostrar un patrón de ilegalidad en la conducta previa del Presidente Zelaya, que habría dado origen a procesos supuestamente legales en su contra, llevados adelante bajo un mecanismo de secretividad con el cual justifican no haber informado al afectado. La Corte incluso señala que tal proceso ya había dado lugar a órdenes de detención, que la fuerza armada debía cumplir. Supuestamente este fue el procedimiento en la madrugada del domingo 28 de junio, sin que se explique, sin embargo, como éste derivó en el recurso a la violencia y la expulsión del Presidente Zelaya del país. De esta interpretación, la Corte deriva que la orden de detención está vigente y será cumplida si el Presidente Zelaya regresa al país. (Cabe consignar aquí que, según información de Interpol, no se ha interpuesto hasta ahora la orden internacional de captura anunciada). El Presidente de la Corte Suprema de Justicia entregó a la delegación de la OEA documentos que, a juicio del Presidente de la Corte y de los magistrados que asistieron a la reunión, sustentan las actuaciones de dicho poder del Estado” (“Informe del Secretario General Insulza a la XXXVII Asamblea General Extraordinaria de la OEA sobre las gestiones realizadas con relación a la crisis política en Honduras”, 4/7/09.www.oas.org)

 

[33] Thirty-seventh special sesión OEA/AG/RES. 1 (XXXVII-E/09) Resolution on the political crisis in Honduras, 30/6 -1/7/09, www.oas.org

 

[34] Idem, AG/RES. 2 (XXXVII E/09), 4 – 6/7/09. www.oas.org

[35] “Insulza: “si se quiere mantener el orden democrático, y mejorar la calidad de la democracia no se puede justificar la violación de la misma”, 16/7/09 www.oas.org

 

[36] “Zelaya supporters scalate their fight in Honduras”. Will Weissert, Associated Press 6/7/09, www.boston.com 

 

[37] En un informe de marzo del año último técnicos del la entidad después de señalar que, “será fundamental resistir presiones por seguir aumentando los salarios, y formular una política salarial integral para el sector público señalar” y que “la masa salarial... es elevada comparada con el nivel de la región y su pronunciado aumento de los últimos años ha contribuido a desplazar el gasto en inversión pública y en la lucha contra la pobreza y ha agravado la presión inflacionaria”, aconsejó al  directorio aprobar la solicitud. (“Honduras: Solicitud de Acuerdo de Derecho de Giro—Reporte del Personal Técnico...”, FMI, Reporte de País No. 08/241, julio 2008)

 

[38] “Grups puts Honduran Diplomats, friends and collegues  on opposing sides”, Marc Lacey. NYTimes, 8/7/09

[39] “Reforming Outdated Commercial Laws” Doing Business Blog. World Bank Group, marzo 2009.

 


Portada