METIÉNDOSE EN HONDURAS

 

Por Luís Maria Bandieri

 

El 3 de junio pasado la OEA dejó sin efecto su anterior resolución VI, adoptada el 31 de enero de 1962, por la cual se expulsó a Cuba de su participación en el sistema interamericano.

 

Manuel Mel Zelaya, entonces presidente de Honduras, presente en la convocatoria, saludó esta decisión como “histórica”. Tanto él como los demás países pertenecientes al ALBA –es decir, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia- subrayaron que la revocatoria de la expulsión resultaba de aplicar dos principios básicos del derecho internacional en general y del interamericano en particular: el de no intervención y el de autodeterminación de los países.

 

Por aplicación de estos principios, justamente, no se restituyó automáticamente a Cuba en el seno de la OEA, sino que se dejó librada tal posibilidad a la decisión soberana del gobierno de la isla. En una manifestación de amor no correspondido, tanto Raúl Castro oficialmente como su hermano Fidel desde su trono particular manifestaron su voluntad de no reintegrarse a una organización a su juicio inútil, nacida en la posguerra para salvaguardar los intereses de los EE.UU. en la región. Recordemos que la OEA., fundada en 1948 durante la Conferencia Panamericana de Bogotá, fue establecida de acuerdo con los principios del Acta de Chapultepec, del 20 de febrero de 1945, propuestos por los EE.UU., complementándose con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en Río de Janeiro en 1947.

 

Para las generaciones actuales, desinformadas por la videología televisiva, cabe agregar que el principio de no intervención y su correlativo de autodeterminación de los pueblos fue calificado, a fines del siglo XIX, como “uno de los principios más sólidos de la política exterior argentina” por don Bernardo de Irigoyen, y que algunos de sus defensores más enconados fueron don Roque Sáenz Peña y don Luis María Drago, invocándolo para oponerse a intervenciones colectivas de otros países en débiles naciones hispanoamericanas. La no intervención y la autodeterminación no resultan una bandera de dirigentes revolucionarios progres (salvo sofísticamente por conveniencia), que se han pasado dichos principios por sus respectivos arcos de triunfo, así como el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia norteamericanas, durante la guerra fría, lo primeros por obediencia a la URSS y los segundos en su propio beneficio. La vera historia de los sangrientos desgarramientos intestinos ocurridos en Hispanoamérica en la segunda mitad del siglo XX no está principalmente en los archivos nacionales sino en los de la URSS, de Cuba su satélite y de los EE.UU. Otros Pignas más concienzudos la darán a luz dentro de bastantes años.

Todo el sistema internacional se asienta en estos dos principios. La Carta de la ONU, que lo proclama en su art. 1º, 2, en su art. 2, 7, lo aplica expresamente: “ninguna disposición de

esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”.

 

La Carta de la OEA establece en su art. 1º que la organización “no tiene mas facultades que las que le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en los asuntos de jurisdicción interna de los Estados”. Los arts. 3º, “c” y 16 establecen el “deber” de los países integrantes no intervención en los asuntos de otros Estados, directa o indirectamente. Y el art. 2, “b”, fija como objetivo “consolidar la democracia representativa dentro del principio de no intervención. Por ello, el art. 10 establece que en el caso de la destitución de un gobierno legal por la fuerza, el país en cuestión “podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación, Asamblea General, reuniones de consulta, consejos, conferencias especiales, comisiones, etc.”.

 

El actual conflicto hondureño, a cualquier observador desapasionado, se le presenta como un choque entre poderes constituidos: el presidente, por un lado, que pretendía imponer una reforma constitucional destinada a asegurarle reelección indefinida por medio de una consulta popular no vinculante, pero a la que atribuía ese carácter, por un lado, y el Congreso y la Corte Suprema, por otro, que llegan a destituir a aquél. No estoy en condiciones de dirimir el grado relativo de prolijidad o desprolijidad constitucional con el que cada uno de los contendientes se ha movido; más aún, nadie, desde afuera puede constituirse en juez de esa situación, que corresponde en exclusividad a los hondureños. Un conflicto de poderes puede ser calificado dramáticamente como “golpe de Estado” por ambas partes en pugna, y de hecho lo ha sido en este caso, pero lo que no ha ocurrido en absoluto es un “golpe militar” ni los uniformados hondureños se han hecho con el poder, como dicen por ahí. Este conflicto de poderes se ha trasladado a la población, manifestándose en choques callejeros. Que ellos hayan costado desgraciadamente algunas vidas no crea ilegitimidad política; con ese criterio debería destituirse a Evo Morales, cuya policía e incluso fuerzas irregulares han causado numerosas pérdidas de vidas en Bolivia, durante la militarización de prefecturas arrollando sus autonomías. Pero allí nuestra presidente no viajó. Si se examina la historia institucional reciente de Ecuador y de Guatemala se encontrarán conflictos semejantes y hasta destituciones presidenciales, como la de Lucio Gutiérrez en Ecuador, donde la vacancia del cargo fue declarada por el Congreso, como en el caso hondureño. No recuerdo que la OEA haya chistado.

 

En definitiva, lo que está pasando en nuestra ecúmene hispanoamericana es que los principios pilares de no intervención y autodeterminación han sido de hecho derogados, salvo para Cuba. No por los imperialistas yanquis, ya que el gobierno de Obama manifiesta una “espléndida indiferencia” por lo que aquí pasa, salvo lo tocante a México. Los pisoteadores de tales principios están en el ALBA, con Venezuela a la cabeza. Chávez ha intervenido en todos los conflictos regionales y ha apoyado, con palabras desembozadas y dinero bajo cuerda a sus candidatos de preferencia en todas las elecciones que han tenido lugar en nuestra ecúmene. Evo Morales asedia a Perú y, en el caos actual de Honduras, se disputan intervencionismo el ecuatoriano Correa y el nicaragüense Ortega (además de Miguel d’Escoto con la “chapa” de la ONU). Se ha llegado a amenazar, desde Venezuela y Nicaragua, con intervenciones militares “liberadoras”. La Argentina, país insignificante de la ecúmene por voluntad propia, figura en todo este movimiento intervencionista a título de comparsa. Agrego que el propio Zelaya, después de su infructuoso intento de aterrizar en Tegucigalpa, exigió a Barack Obama y a las “diferentes potencias que se tomen medidas” contra su país (cable en INFOBAE del 5/06). Quizás Mel Zelaya quiera constituir una nueva Santa Alianza contra el Congreso y la Corte hondureñas, con los EE.UU, Rusia y la UE como partícipes. Me permito aconsejarle que no cuente con el canciller Taiana como otro Metternich.

Cuando en 1962 se debatió en la OEA la exclusión de Cuba, el entonces canciller argentino Miguel Ángel Cárcano dijo, oponiéndose, “los países no pueden imponer a otros su sola voluntad”. Confirmaba así una posición constante de nuestra política exterior. Nuestra actual posición constante es no tener ninguna y contribuir, con actitudes melodramáticas para la tribuna interna, a que otros se desangren.-

 


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