Movimiento Unidad Nacional Independencia, sin sosiego contra Kirchner

 

Mayo de 2009

 

El Momimiento de Unidad Nacional me envía estas líneas escritas con el apasionamiento del fallecido   José Luís Torres  quien acuño el termino Década Infame.Torres era un periodista tucumano si mal no recuerdo y ejercía una profesión que molesta a los mismos onanistas que se jactan de ser  amateurs en el negocio ,pero que en verdad solo se interesan por las contorsiones destiladas por las pringosas hembras y hembros  de la escudería Tinelli.La Argentina chanta y lumpen que supimos conseguir expresa claramente a estos personajes que  se llenan la boca hablando de la pobreza pero que no resistirían  1 hora encerrados en una fétida celda con un pobre autentico.Un pobre  de la lamentable tumbera que la sociedad de masas argentina prohíja,defiende,estimula, hasta que arrasen con todos ellos. Igualmente y pese a lo que se supone  piense el  gobierno social-ágrafo fascista, que no tiene la menor idea de las fuerzas  sociales que dieron origen  a esos experimentos en la Europa de los años 30, el problema ecológico tiene dos ángulos de análisis y por ello exigen una explicación necesaria.Uno de ellos es la protección de la Tierra y sus seres vivientes ,un vasto programa que no estoy del todo seguro que justifique su existencia..., el otro consiste simplemente en una lucha entre capitalismo bueno y un capitalismo malo.Uno depredador y otro    que sueña con las mejoras intenciones. Lo cierto es que ambos financian a estos grupos.Las conexiones  entre los petroleros , el almirantazgo británico ,los árabes  y   transnacionales como la Shell ,BP o Pamerican  determina un fusión de intereses que es  irrisorio descartar.Los muchachos ecologistas son un poco ingenuos.El país tiene un reservorio no solo de oro sino  de uranio que no podrá permanecer inexplorado mucho tiempo y el cambio climático convierte la prospección en algo mas barato y  mas extraíble.Publico igualmente con gusto sus inquietudes.Que además tiene un valor agregado ,son todas causas enderezadas  contra Néstor Kirchner y familia .Motivo mas para llenarme de satisfacción.
Strategicos. 

Cuando informamos a los Argentinos sobre El DESPOJO A LA MINERIA ARGENTINA, no apreciamos la difusión y repercusión que podría llegar a tener nuestro articulo que dimos a conocer por INTERNET, el mismo produjo el renacimiento del Sentir Nacional, que es tan castigado a través de los medios políticos y de comunicación desde 1955 hasta ahora, como si los que tenemos ese sentimiento de argentinidad, pretendiéramos destruir nuestra querida republica, cuando en realidad los que se oponen a eso, son los verdaderos culpables, que han provocado el despojo, saqueo y miseria del pueblo y la Nación Argentina, apropiándose de nuestras riquezas naturales, con el apoyo de esta Corporación Mafiosa de Políticos Corruptos, cuyas mentiras solo las pueden sostener, con engaños del mas bajo proceder.

 

Las denuncias realizadas y  presentadas en la Justicia, por un ciudadano Argentino, el señor Rodolfo Rucker, con documentación que prueba lo cierto de los hechos que se le imputan a los responsables del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, instan al Poder Legislativo y Judicial a tomar medidas de manera inmediata, contra los responsables directos del Poder Ejecutivo, la Presidente Cristina Fernández Welheim de Kirchner y su esposo el Ex-Presidente Néstor Kirchner, por mal desempeño en la Función Publica y otros delitos en cuestión, que surgirán de la investigación que realicen.

Es la gran oportunidad  que tienen los responsables de estos otros dos Poderes de la Nación,  de lograr demostrar al Pueblo Argentino, que esta Democracia no es obsoleta y  corrupta.

Creo profundamente que fortalecería la credibilidad de los ciudadanos y habitantes de nuestro País, que ya estamos cansados de ser usados, para elegir nuestros representantes por medio de elecciones totalmente fraudulentas, que nunca son acompañadas por un PROYECTO DE NACIÓN, que sea viable para el desarrollo de nuestra comunidad y la Nación Argentina.

Que Dios Fuente de Toda razón y Justicia, permita que los Funcionarios de los Poderes Legislativos y Judiciales actúen con ubicación y sentido común.

M.       U.        N.      I.

Carlos A. Díaz Busti

Presidente

 
 
 
 
 

Sres.

BBC – LONDRES

Atta. Periodista ROSARIO GABINO

De mi consideración:

                                  Por la presente, envió resumen  de causas, a la fecha contra CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER, NESTOR KIRCHNER BARRICK GOLD Y OTRAS.
 
Denunciante Rodolfo Rucker.-

1        - Justicia Nacional en lo Penal Tributario, Juzgado N º 1, causa 9 -09, carátula   “Cristina Fernández de Kirchner y otros  s / EVASION FISCAL”

2        Justicia Nacional en lo Penal Económico  Juzgado  N   º 5  causa 143/09 “Cristina Fernández de Kirchner y otros  s / INF. LEY 22415”

3        Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional en lo Federal Juzgado 8 SEC. 15 bajo causa 936-09 carátula “ FERNANDEZ DE KIRCHNER CRISTINA ELIZABETH Y OTROS S / ESTAFA”

4        Secretaria de Ambiente.-

5        Secretaria de Minería.-

6        PRESIDENCIA DE LA NACION DRA. MIRIAM QUIROGA DOCUMENTACION PRESIDENCIAL.-

7        Honorable Senado de la Nación Presidente Ingeniero julio Cobos

8        Honorable Cámara de Diputados de la Nación , Presidente, bajo causas P22 y P26

9        Unidad de Investigación Financiera (UIF) Dra. ROSA FALDUTTO

10    UFIMA  -  25  De Mayo 179  1 ª piso

11    UFITCO - 25  De Mayo 179  1 ª piso
 

 Eduardo Antonio Pastoriza" <epastoriza@diputados.gov.ar>,

COPIO Y PEGO MEDIDA CAUTELAR INGRESADA EN EL DIA DE AYER:

Penal Económico N º 5 Causa 143-09

MUY URGENTE

SOLICITA MEDIDA CAUTELAR

Sr.  Juez:

               RODOLFO RUCKER, por mi propio derecho, manteniendo el patrocinio letrado como el nuevo domicilio constituido en autos, LAVALLE 1454 PISO 6 º OFICINA 19-20, CABA ZONA DE NOTIFICACION 108 me presento y digo:

                         Vengo a aportar documentación ad efectum  videndi et probandi, ARTÍCULO 15, LEY 23.077

DELITOS COMUNES

PRIMERA PARTE

INTRODUCCIÓN

LA CONSTITUCIÓN NACIONAL NO ESTÁ VIGENTE. SÓLO EN APARENCIA Y NUNCA LO ESTUVO, EN LOS HECHOS DE LA VERDAD REAL.

Conforme al principio de SOBERANÍA DEL PUEBLO  Y FORMA REPUBLICANA DE GOBIERNO, (Art. 31º C. N.) el PODER PÚBLICO reside en el pueblo, el que es la AUTORIDAD SUPREMA del mismo.

Desde el primer gobierno constitucional –Bernardino Rivadavia- hasta la fecha de hoy, el poder público es DETENTADO por los representantes o mandatarios.

Siendo obligación constitucional de los mandatarios –cuyo mandante es el pueblo- el CONSULTAR LA VOLUNTAD DE LA AUTORIDAD SUPREMA DEL PODER PÚBLICO, EL PUEBLO, SE LEGISLA, ADMINISTRA Y JUZGA A ESPALDAS DEL MANDANTE. Esto hace que toda norma o acto ejecutado por los mandatarios SEA NULO DE INSANABLE NULDAD, porque así lo dice la ley.

A estos hechos ilegítimos se suma que los actos y normas ejecutadas, son a instancias de poderes o corporaciones extranjeras, o países extranjeros, que en muchos casos no son otra cosa que ENEMIGOS DE LA PATRIA.

El obrar a espaldas del pueblo, de todos los gobiernos, de facto o los mal llamados de jure- es ALTA TRAICIÓN. En este accionar hay ABUSO Y ESVIACIÓN DE PODER, USURPACIÓN DE FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES IMPRORROGABLES DEL PUEBLO Y DE LOS MUNICIPIOS, CAUTIVERIO DEL PUEBLO POR EL ILEGÍTIMO PODER VICIOSO, TERGIVERSACIÓN DE NORMAS CONSTITUCIONALES, ASOCIACIÓN ILÍCITA CON EL FIN DE QUE NO ESTÉ VIGENTE EN LOS HECHOS LA CONSTITUCIÓN, QUE SÓLO LO PAREZCA. Estos actos constituyen por sí mismos DELITOS DE LESA PATRIA Y DE LESA HUMANIDAD QUE NO TIENEN PRESCRIPCIÓN PARA SER IMPUGNADOS JUDICIALMENTE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL según las normativas pertinentes positivo-vigentes.

En el mencionado discurso de la 8ª Cumbre Americana del 17/04/09, se hace mención a la intervención extranjera en asuntos internos de Argentina y otros países. El haber obedecido y obedecer aún tales intervenciones CONSTITUYE CONSPIRACIÓN, HAY USO Y AMENAZA DE FUERZAS ARMADAS, lo que hace sea imprescindible la aplicación de la ley de Defensa de la Democracia, ley 23.077, que en el artículo 15º remite al artículo 210º bis del Código Penal, encuadrándose plenamente en lo allí dispuesto.

El poder público detentado por los mandatarios, ha llevado a la Nación a situaciones límite

1.       Deuda interna y externa

2.       extranjerización de territorio nacional

3.       muerte, hambre, pobreza extrema de grandes sectores de la población

4.       cautiverio del pueblo por los ilegítimos poderes políticos partidarios de turno o por fuerzas armadas

5.       amenaza de fuerzas armadas extranjeras

6.       represión de personas que buscan que se cumpla la ley e impedir la entrega de recursos a foráneos

7.       sometimiento al plan I.I.R.S.A.

8.       pactos internacionales contrarios al interés de la Nación

9.       entrega de vastos sectores del País a extranjeros

10.   deficiente educación pública, deficiente atención de la salud física y mental, fraudes electorales y añagazas

11.   corrupción generalizada e impunidad

12.   Estado de impotencia del pueblo, que conllevan el gran peligro de asonadas y más represión. Se sabe como comienzan tales actos pero nadie sabe como terminan.

NADA DE ESTO OCURRIRÍA SI LA CONSTITUCIÓN Y PACTOS INTERNACIONALES FUERAN POSITIVOS-VIGENTES.

Hay pues, base amplísima para aplicar la ley 23.077, Ley de Defensa de la Democracia.

ARTÍCULO 15, LEY 23.077, DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

Si bien no hay delito de sedición –toma del poder por la fuerza- si existe FALTA DE VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, digitada por los representantes tergiversando contenidos de la Constitución misma y de normas internacionales.

Desde el primer presidente constitucional, elegido en tal oportunidad por el Congreso, hasta la fecha, con gobiernos de facto y de jure cometiendo el mismo delito: Desobediencia, desconocimiento de la Constitución y de Pactos Internacionales, al USURPAR FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES PROPIAS, EXCLUSIVAS, EXCLUYENTES E IMPRORROBABLES DEL PUEBLO.

CONSPIRACIÓN INTERNACIONAL

El denominado plan “Integración de la Infraestructura Regional en Sur América” (IIRSA) que un sector extranjero ha implementado en 12 países de Sur América, ha cobrado inusitada fuerza ejecutiva en Argentina a partir de la crisis capitalista global.

IIRSA es un plan donde se construye toda la infraestructura necesaria para que los poderes extranjeros se lleven los recursos renovables y no renovables, con gran ventaja para ellos.

Se ha dividido América del Sur en 32 regiones –o tal vez algo más- lo que constituye una división política ajena a los países que ocupan el territorio.

Se hace con los recursos de los países, donde se construyen carreteras, autopistas, ferrocarriles, comunicaciones, hidrovías, aeródromos, servicios para obtener insumos y comodidades de alojamiento para los personajes VIP de las corporaciones transnacionales.

Esto se hace con la anuencia de los gobiernos de los países latino-americanos, entre ellos, Argentina.

Valga un ejemplo: En la provincia de Santa Cruz hay enormes depósitos de oro de baja ley, que no debiera ser explotado, puesto que son más los problemas que se generan en lo ambiental y en lo social, con enorme perjuicio económico para las necesidades del presente y virtual saqueo de recursos no renovables propiedad privada del pueblo, que deben ser conservados para las generaciones futuras y se lo hace aparentando legitimidad y legalidad, cuando la verdad es que existe delito de lesa Patria en la que son cómplices los gobiernos y las corporaciones que se lo llevan.

Se ha invertido en pavimentación de rutas en Santa Cruz en mucha mayor proporción de lo que se invierte en otras provincias.

Esto es necesario, pues hay no menos de 14 canteras a cielo abierto (open pit) en operaciones y otras minas subterráneas, y se hace necesaria la pavimentación para poder sacar los productos del País.

Además hay requerimientos de energía eléctrica, gas y otras formas de energía (combustibles, etc.) que se consumen en mucha mayor cantidad que las que utiliza la industria argentina y el pueblo argentino.

La Alumbrera en Catamarca es el mayor consumidor de energía eléctrica del país y no le afectan las crisis energéticas.

Esto es, sin lugar a dudas una conjura para el despojo de patrimonios argentinos en beneficio de corporaciones extranjeras, que, de suyo NO SON AMIGOS DE LA PATRIA. Quienes tal hacen, son enemigos de la Patria y quienes les presten cualquier servicio o auxilio, quedan incursos en las penas del artículo 119 de la Constitución Nacional.

La presidenta Cristina Kirchner sin nombrarlo, ha tomado la ejecución del plan IIRSA como eje del intento del salvataje capitalista Argentino.

En alocada carrera provincia por provincia, anuncia e inaugura obras de infraestructura, que las corporaciones transnacionales consideran bastiones para el saqueo de nuestros bienes naturales comunes.

Los gobernadores de la región centro apresuran las obras que tienen como eje la Hidrovía Paraná Paraguay y obras conexas.

Este “ordenamiento” territorial “ordenado” por las transnacionales, pasa inadvertido para la oposición política e incluso para algunas izquierdas; desde estos sectores son escasas las menciones a tan evidente plan de saqueo.

La fragmentación de la información y el adelantamiento de elecciones legislativas, contribuyen a que organizaciones políticas de oposición entren en una dinámica de acusaciones cruzadas, que aportan a sacar de la agenda pública el significado y profundidad de la IIRSA; confundiendo un plan estratégico de ordenamiento territorial dictado por poderes extra nacionales, con oportunismo electoral gubernamental basado en la obra pública.

Organizaciones sociales, asambleas y afectados, levantan sus voces y resisten en sus territorios urgidos por el avance del saqueo.

El territorio está en el centro de la disputa, la crisis capitalista mundial presenta un momento único para que emerjan otros paradigmas, caso contrario solo la barbarie.

Indudablemente hay una ASOCIACIÓN ILÍCITA relacionada con la falta de vigencia de la Constitución, como veremos en la PARTE DOS, los delitos comunes.

Se dan pues, las condiciones del artículo 210º bis del Código penal y corresponde obrar como lo determina el artículo 15º de la ley 23.077, ley de defensa de la democracia.

USURPACIÓN DE FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES DEL PUEBLO

Para un mejor entendimiento inserto el significado de las palabras que se utilizan en la Constitución Nacional, según los diccionarios comunes de nuestra lengua.

REPRESENTATIVA: Dícese de cuando el pueblo (Nación) acude a formar las leyes por medio de representantes. El que dicta las leyes entonces es el pueblo y no los representantes. Se les instruye a los representantes sobre la voluntad del pueblo para que den los actos útiles para que tal voluntad sea ejecutada.

REPUBLICANA: Forma de gobierno en la que el poder radica en el pueblo. Esto es conteste con lo expresado en el párrafo anterior.

FEDERAL: Unificación de la representación de distintas jurisdicciones populares, las que conservan las facultades no delegadas al efecto.

SOBERANÍA: Calidad de soberano. Autoridad suprema del poder público. Concuerda con republicana y representativa, aclarando que los representantes son mandatarios y no ejercen el poder público.

NACIÓN: Pueblo con su territorio y sobre el cual ejerce soberanía. De suyo, si el pueblo no ejerce soberanía sobre su territorio, no existirían ni la Nación y por ende, ni la Patria. La traición al pueblo implica por ello, traición a la Patria, aún cuando no lo diga ninguna ley. PERO ESTÁ INTRÍNSECO EN LA CONSTITUCIÓN y dada la obligación de los jueces del Poder Judicial resultante de los artículos 15º y concordantes del Código Civil, así deben entenderlo los juzgadores.

El inciso 3 del artículo 21º de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, ONU, 1948, dice: “Es la voluntad del pueblo la base de la autoridad del poder público”. Esta norma tiene mayor jerarquía que las leyes argentinas.

Finalmente el artículo 20 de la DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE regla: “Todas la personas, legalmente capacitadas, tienen derecho a tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes” Esta norma tiene mayor jerarquía que las leyes argentinas.

Además, defino expresiones y alcance de algunas palabras por mí utilizadas: ESTULTICIA: Actos estúpidos cometidos por personas que no son estúpidas. DETENTA: Ejercer un poder que no es lícito, resultando antónimo de OSTENTAR.

Según la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, hay derecho inalienable de las personas, individual y colectivamente, a la JURISDICCIÓN.

Esto está implícito en nuestra Constitución Nacional desde su promulgación, dado que la soberanía del pueblo, su calidad de autoridad suprema del poder público y la palabra FEDERAL en el artículo 1º, no dejan lugar para dudas. El pueblo se organiza en jurisdicciones básicas para conformar los distintos gobiernos que tenemos, a saber, Municipal, Provincial y Nacional.

Es de la mayor importancia que los gobiernos municipales tengan a los representantes de los distritos, formados en concejo, para conocer la voluntad expresa del pueblo y dar los actos útiles en consecuencia en el orden municipal, provincial y nacional.

Esta premisa constitucional solamente existe en San Carlos, departamento de la provincia de Mendoza, donde el CONCEJO CONSULTIVO CIUDADANO formado por decreto del Intendente, regula el accionar del gobierno municipal, que le está subordinado.

En consecuencia, deben formarse tales concejos ciudadanos en todo el país, para que el pueblo pueda cumplir con su obligación constitucional de DELIBERAR Y GOBERNAR POR MEDIO DE REPRESENTANTES. (Art. 22º, Constitución Nacional)

Según la Constitución Nacional, el Pueblo de la Nación Argentina, formuló la Constitución, por medio de representantes.

En el artículo 1º la Nación (Pueblo con su territorio sobre el que ejerce soberanía, básicamente) se declara como forma de gobierno la REPRESENTATIVA REPUBLICANA FEDERAL.

Representativa implica que el Pueblo acude a formar las leyes por medio de sus representantes.

El contrato de representación se perfecciona con la emisión del sufragio universal, pero este sufragio, no transfiere poder, propio, exclusivo y excluyente del pueblo.

Verbigracia, los representantes tienen la obligación de conocer la VOLUNTAD DEL PUEBLO, en forma taxativa y fehaciente, para luego dar los actos útiles para tal voluntad sea cumplida.

Caso contrario, los actos o leyes que no tienen como base la voluntad expresa del pueblo, CARECEN DE AUTORIDAD Y NADIE ESTÁ OBLIGADO A OBEDECERLOS.

Y el pueblo tiene la obligación de ejercer su derecho, de expresar su voluntad.

Pero desde siempre, se han manejado las cosas educando al pueblo con distracciones y confusiones semánticas maliciosas.

Pareciera que los representantes sólo conocen la parte del artículo 22º de la Constitución “El pueblo no delibera ni gobierna”.

La otra parte “sino por medio de representantes y autoridades”, pareciera que les otorgara una transferencia de derechos y poder, cuando de ninguna manera es así.

No se advierte en ninguna parte de la Constitución que el pueblo cedió su poder y sus derechos a los representantes, que por otra parte no podrían transferir por cuanto son atribuciones y facultades improrrogables.

Mal pueden los representantes o mandatarios atribuirse tales facultades, justamente en razón de su improrrogabilidad.

La lectura correcta de la norma, a la luz de las palabras REPUBLICANA FEDERAL, significa que EL PUEBLO DELIBERA Y GOBIERNA, PERO POR MEDIO DE REPRESENTANTES A LOS CUALES INSTRUYE DE SU VOLUNTAD.

El artículo 31º de la Constitución no pone límites a los derechos del pueblo, y por ende al poder que radica en él, siempre que nazcan del PRINCIPIO DE SOBERANÍA DEL PUEBLO Y DE LA FORMA REPUBLICANA DE GOBIERNO.

Esto está reforzado por el artículo 20º de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, OEA, 1.948 y el inciso 3 del artículo 21º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU, 1.948.

Desde nuestro primer presidente constitucional hasta la fecha, los poderes políticos, actuando de espaldas al pueblo, nos han llevado a la presente situación de país económicamente quebrado, por ilegítimas acciones de los representantes; estamos divididos por pasiones políticas y con tanta pobreza e indigencia, que configura un delito de lesa humanidad.

Someter al País a tales condiciones, por incumplimiento de la ley, y pudiendo haberse evitado, es sin duda alguna UN GRAVE DELITO DE LESA HUMANIDAD.

Todo es fruto de la estulticia, la corrupción y la soberbia de los representantes, tanto de jure como de facto.

Estos horrendos delitos tienen que terminar ahora.

Las pasiones políticas dividen y son responsables de todos los males del mundo y también de los males en nuestro País. Los intereses y bienes comunes unen, sin pasiones políticas.

De gobernar el pueblo, ya no cabrían problemas de nuevos gobiernos de facto, bloques no jurisdiccionales en el Congreso, legislaturas provinciales y concejos deliberantes municipales, puesto que no responderán más a la voluntad política de turno, sino a su legítimo mandante, el pueblo soberano.

Queda demostrada la falta de vigencia de la Constitución Nacional por culpa de los imputados.

La causa es contra el PODER EJECUTIVO NACIONAL y LOS GOBIERNOS PROVINCIALES, para que cesen en LOS DELITOS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO DESDE LOS GOBIERNOS NACIONAL Y PROVINCIALES, y a quienes imputo, y se trata de hechos de orden público que no necesitan más prueba que ver la realidad. ES LO QUE ESTÁ OCURRIENDO, CONTRARIO A LO QUE LA CONSTITUCIÓN OBLIGA.

Que en tal sentido, solicito la carátula: “PODER EJECUTIVO NACIONAL Y OTROS, SOBRE VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN Y OTROS.”

La imputación es a los gobiernos nacional y provinciales, dado que los hechos ilícitos comenzaron con la primera presidencia constitucional, y continúan, agravándose progresivamente con DELITOS COMUNES.

Estos delitos son posibles a raíz de la conculcación de la ley en lo referido a la soberanía del pueblo, usurpada por los poderes políticos partidarios de turno.

Se dan las condiciones que establece el artículo 210º de del Código Penal en los incisos a), e), g) y h).

También se dan las condiciones de los artículos 227º, 227º bis y 227º ter, como el artículo 235º del Código Penal.

Las personas a cargo de las funciones públicas deben sanar los vicios o sufrir las penas establecidas por la ley.

En suma, comenzando por la primer mandatario actual, la Excelentísima Señora Presidente, quien deberá promulgar un decreto ordenando al Congreso a dar los actos útiles para que se formen los concejos distritales en todas la provincias, consultar permanentemente los integrantes del Congreso y en su caso los legisladores provinciales a los municipios para conocer la voluntad del pueblo. Estos Consejos Populares Distritales estarán en función permanente todos los días de cada año, y es su obligación evacuar las consultas que los mandatarios realicen o que desde otros concejos ciudadanos se propongan o emitir su voluntad para someterla al resto de los concejos ciudadanos y que los representantes obren en consecuencia.

En tal sentido es que solicito a V. E. que se ordene al Poder Ejecutivo realizar los actos útiles para sanar los vicios.

SEGUNDA PARTE

DELITOS COMUNES

EJERCICIO DE FACULTADES JUDICIALES EN LOS FUEROS MINERO Y AMBIENTAL

El inciso 12 del artículo 75º de la Constitución, norma que los Códigos serán aplicados por el Poder Judicial.

También obliga a que se respeten las jurisdicciones. Es decir, que la primera instancia de cualquier juicio debe efectuarse en la jurisdicción municipal –o justicia inferior- en cualquiera de los fueros: CIVIL, COMERCIAL, PENAL, MINERÍA, MEDIO AMBIENTE, UNIVERSAL, etc.

En el caso de minería, el artículo 246º y otros del Código de Minería reglan que el asiento del juez es el municipio. También establece la figura del JUEZ DE MINERAL, que es similar a los jueces de distrito o cuartel.

Regla además, el INGENIERO OFICIAL, que es el perito estable, o puede ser nombrado de una lista cada vez que se lo necesite.

El Juez de Minas aplica el Código de Minería por efecto de la Constitución Nacional, y los códigos son normas de fondo, de mayor jerarquía que la legislación provincial y por ende, constituciones y leyes provinciales.

Aplica toda norma o legislación sobre minería, aún cuando se trate de leyes de fomento.

El artículo 13º del Código de Minería le da el carácter de INTERES PÚBLICO SUPERIOR a toda la legislación minera, cosa que no ocurre con otros Códigos.

Esto tiene efectos sobre muchas cosas. Verbigracia, la declaración de interés nacional de la explotación POTASIO RIO COLORADO ubicada en Mendoza, por parte del Poder Ejecutivo Nacional hace algún tiempo, no tiene efecto alguno, pues no puede pasar sobre lo reglado por el Código.

El TÍTULO COMPLEMENTARIO REGLA SOBRE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LOS TRABAJOS MINEROS.

Establece que ha de realizarse una evaluación del INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL (IIA), previo a la concesión.

El artículo 5º de esta norma, se refiere a que las provincias pueden determinar quien será la autoridad de aplicación competente para evaluar los IIA. Dado el orden de prelación de las leyes, las provincias pueden determinar si será el juez de minas o el juez ambiental, por tratarse este último de un juez muy especializado en medio ambiente.

No pueden determinar que el Poder Ejecutivo sea quien realice tal evaluación. Como la concesión de las minas implica un juicio –es facultad del Poder Judicial- la evaluación de los IIA son juicios, incidentes en el juicio de concesión.

Tampoco pueden las provincias sustraer al Poder Judicial el PODER CONCEDENTE, el que no es otro que la potestad declarativa del Poder Judicial, propia, exclusiva, excluyente e improrrogable, para otorgarlo al Poder Ejecutivo; tampoco pueden otorgarlo al Poder Judicial en otra forma que no sea la del Juez con asiento en el municipio. Un solo juez para toda la provincia, contraría al Código de Minería y por lo tanto se trata de un ente sin capacidad jurídica para ejercer tal facultad. Hay incompetencia en razón de la materia.

Se estaría violando el orden de prelación de las leyes que emana del artículo 31º de la Constitución.

Pero en todo el País no existe el JUEZ DE MINAS CON ASIENTO EN EL MUNICIPIO. En pocos casos hay un juez del Poder Judicial, pero para la provincia, lo que no es lo que obliga el Código.

En la mayoría el Código es aplicado por los poderes ejecutivos provinciales, lo cual los transforma en entes incompetentes en razón de la materia.

Por ello, todas las concesiones mineras son jurídicamente inexistentes y deben sanarse, muy especialmente aquellas que están extrayendo oro, plata, cobre, uranio y otros y los “exportan” sin proveer a las necesidades del presente y sin proteger los bienes de las generaciones futuras, generando enorme pasivo ambiental, el que ha causado muchos decesos de personas. DE ARGENTINOS.

El Poder Ejecutivo Nacional aplica la ley 24.196, de inversiones mineras. Se trata de una ley de fomento que debe ser aplicada por el JUEZ DE MINAS y no por la Secretaría de Minería de la Nación, esto es, el PODER EJECUTIVO MISMO.

Sin lugar para dudas, hay ejercicio de facultades por parte del Poder Ejecutivo Nacional y muchos gobiernos provinciales.

Petróleo y gas:

El Título 17 del Código de Minería regla sobre los hidrocarburos fluidos, esto es, petróleo y gas.

Todas las concesiones mineras actuales han sido otorgadas por el PEN y ahora por el Poder Ejecutivo de las provincias también.

Jamás intervino la autoridad competente, el Juez de Minas con asiento en el Municipio. Por ello no hay ni hubo control apropiado, que el Código de Minería a tribuye a los JUECES DE MINERAL. En cada yacimiento debe existir cuando menos un Juez de Mineral.

Clara violación al artículo 29º de la Constitución.

La falta del Juez de Mineral, equivalente al Juez de Cuartel o Distrito o Sección, auxiliar principal del Juez de Minas y encargado de supervisar los trabajos mineros, hace que se haya contaminado las napas acuosas subterráneas, tornándolas inútiles, como en la zona de EL CARRIZAL, provincia de Mendoza, causando que el agua no sirva para riego agrícola, por salinización, y se han abandonado campos que estaban en producción; donde los juicios se extienden en el tiempo y no se ha producido la reparación de daños o indemnizaciones.

Las concesiones mineras otorgadas por el PEN, ente incompetente en razón de la materia, carecen de juridicidad, son nulas de insanable nulidad y con los alcances del artículo 1.038 del Código Civil.

Los hidrocarburos fluidos son recursos estratégicos, por ser fuentes de energía y que se encuentran muy disminuidas las reservas (el gas alcaza para sólo 8 años) pero se los ha “vendido” a transnacionales, con gran cantidad de acciones propiedad de España.

 SE HAN VENDIDO CONCESIONES JURÍDICAMENTE INEXISTENTES ( art. 172, 173, 210 y concordantes del CP como el Art 29 CN)

Todo esto ahora nos sirve para recuperar los hidrocarburos fluidos y ponerlos al servicio de nuestra sociedad, con mesura y a precios razonables.

El efecto de esta denuncia, obligando a que exista el Juez de Minas con asiento en el Municipio, con sus asistentes el Juez de Mineral, permitirá que la producción de estos combustibles sea exclusivamente en beneficio del pueblo, de la sociedad argentina y no de corporaciones ajenas.

El artículo 7º del Código de Minería otorga el dominio originario a la Nación o las provincias, es decir, el dominio originario es del pueblo, en su calidad de autoridad suprema del poder público.

Pero el pueblo tiene que ostentar el poder y ejercer su soberanía, su calidad de autoridad suprema del poder público y entonces podremos detener el vaciamiento de estos recursos a favor de corporaciones y la “exportación”, prohibida por el artículo 41º de la Constitución, sin temor a represalias, indemnizaciones ni juicios.

Se pudo llegar a esta situación, ejecutándose una maniobra, por parte del o de los poderes internacionales, donde se “presta” a un gobierno con la garantía del País, para someterlo y poder apoderarse del mismo país, a precios viles.

El servicio de la deuda ya pagó con creces los empréstitos, pero hubo maniobras externas para cambiar las tasas del servicio y mantener la deuda.

Los prestatarios conocen la ley, Y MUY BIEN, y sabiendo que los tomadores carecen de autoridad o legitimidad para firmar los contratos, otorgaron los empréstitos, pues es una maniobra de largo aliento para ejercer posesión y subordinación de todos los recursos de distintos países.

Sólo la estulticia y ceguera, la soberbia de los representantes, ha permitido que este terrible flagelo nos azote.

Pero, nuevamente, el peso de la voluntad del pueblo soberano, puede lograr lo que de otra manera resulta imposible.

Este delito, debe cesar ahora mismo, por el enorme daño patrimonial, al medio ambiente, a las personas en su salud, en su vida, en su honor, a las generaciones futuras y se está proveyendo para entes extranjeros que pueden ser o que son, enemigos de la Patria.

La ley 25.675, LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS Y LEY GENERAL AMBIENTAL, ley marco, establece en su artículo 7º la competencia del Poder Judicial para su aplicación. Municipal, provincial o nacional, según las jurisdicciones afectadas por lo que se presenta para evaluar o por situaciones de delitos ambientales.

Pero los poderes ejecutivos de todo el País aplican la misma, evaluando los informes de impacto ambiental, aprobándolos generalmente, pero se trata de actos jurídicamente inexistentes por ser actos emanados de entes incompetentes en razón de la materia.

El Poder Ejecutivo Nacional CONSIENTE tales delitos, que importan violación al artículo 29º de la Constitución, puesto que las facultades judiciales no son facultades ordinarias del Poder Ejecutivo. Por el contrario, son facultades extraordinarias penadas por la norma citada ut supra, Artículo 109º de la Constitución Nacional.

REITERO: LOS DELITOS DEBEN CESAR AHORA MISMO.

EJERCICIO DE FACULTADES LEGISLATIVAS POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Por el inciso 12 del artículo 75º de la Constitución, las provincias delegaron en el Congreso la facultad de dictar los Códigos. Por ello, cualquier modificación a los mismos debe ser sancionada por el Congreso.

El Poder Ejecutivo Nacional sancionó y promulgó el Código de Minería, texto ordenado, hoy en vigencia.

Se trata de un acto emitido por ente incompetente en razón de la materia, y ejercicio de facultades legislativas, prohibidas por la Constitución. Inciso 3, artículo 99, Constitución Nacional.

Asimismo, las facultades legislativas no son facultades ordinarias del Poder Ejecutivo. Por el contrario, son facultades extraordinarias penadas por el artículo 29º de la Constitución.

Tal vez haya otros casos de ejercicio de facultades legislativas, como podría ser el cambio de destino del dinero presupuestado para el ejercicio por el Congreso.

Como se trata de actos jurídicamente inexistentes, la aplicación del Código de Minería, texto ordenado es un acto nulo de insanable nulidad y carece de efecto alguno sobre las personas.

Como el artículo 1.038 del Código Civil dice que cuando la ley determina que un acto es nulo, no es necesario un juicio para que tal nulidad sea efectiva.

No es necesario nada más para que el texto ordenado salga de circulación, lo que aquí solicito que esta Cámara provea.

Desde nuestro primer gobierno constitucional hasta la fecha, jamás fue consultada la voluntad del pueblo para actos tales como tomar empréstitos internacionales, sancionar y promulgar o vetar leyes, establecer las cargas públicas, efectuar obras públicas, modificar la Constitución, cambiar tierras públicas a tierras fiscales (por arte de magia) suscribir pactos internacionales, establecer penas para los delitos, realizar aquello que es necesario para la protección del medio ambiente, proteger las reservas naturales renovables y no renovables, y así siguiendo.

Es decir, todo lo realizado –bueno o malo- está viciado de nulidad, no tiene la base de la voluntad popular expresa.

Los métodos utilizados se pueden circunscribir en abuso y desviación de poder. La falsa interpretación del artículo 22º de la Constitución, pretendiendo entender que el derecho y deber del pueblo ha sido transferido a los mandatarios, es la primera herramienta.

Para empezar, los derechos y obligaciones constitucionalmente protegidos, NO SON TRANSFERIBLES. SON IMPRORROGABLES.

Mal pueden los representantes abrogarse el derecho de legislar por sí mismos.

SI EL PODER JUDICIAL NO FUNCIONA COMO ES SU OBLIGACIÓN, TODOS SOMOS CAUTIVOS DEL PODER POLÍTICO PARTIDARIO DE TURNO.

¿De qué democracia se está hablando? A todas luces el ejercicio del poder público conforma una suerte de dictadura virtual. Se dice que hay democracia, pero, como vemos, no es cierto.

La participación del pueblo NO SE AGOTA CON EL SUFRAGIO UNIVERSAL

Pero al así resultar de la conculcación de la ley, hay delito y gravísimo, pues se trata de una traición al pueblo. Se le dice al pueblo que se realizarán diversas cosas desde las plataformas electorales, pero no se cumplen.

Y ni hablar del delito de usurpación de facultades populares. Nadie tiene interés en que tal cosa suceda, porque implica la pérdida del poder y con ello, los negocios resultantes que no benefician al pueblo. Todo lo contrario. Los cautivos producen para intereses que no les son propios.

A partir de este delito, se logran otros fines delictivos que no sería posible ejecutarlos, por el control del poder público.

Por todo ello, es imperioso que se sane el vicio. Que se cumplan las disposiciones constitucionales y los pactos internacionales que refuerzan lo que ya la propia Constitución establece y OBLIGA.

EJERCICIO DE FACULTADES JUDICIALES EN LOS FUEROS MINERO Y AMBIENTAL

INCUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y PACTOS INTERNACIONALES

Como hemos visto, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales han caído en incumplimiento de la Constitución y Pactos Internacionales, por lo cual han faltado a los solemnes juramentos de fórmula constitucional prestados al asumir los cargos.

El Poder Ejecutivo Nacional jura cumplir y hacer cumplir la ley, lo mismo que los gobernadores.

Los gobernadores son agentes naturales para el cumplimiento de lo obligado por la Constitución.

La falta de cumplimiento a la palabra empeñada, resulta en incapacidad moral para ejercer sus cargos.

Esto es causal irrefutable de ser llevados a juicio político y destituidos, conforme a la ley.

ROBO ENCUBIERTO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES Y SALIDA DEL PAÍS DE LOS MISMOS ENCUBIERTOS COMO EXPORTACIONES LEGÍTIMAS Y LEGALES CUANDO EN REALIDAD SON EXPORTACIONES FRAUDALENTAS DE PRODUCTOS DE ROBO.

Tal como se ha demostrado en las ampliaciones a las denuncias por mí efectuadas en autos, y como se desprende de lo ya declarado hasta aquí, hay robo de recursos naturales no renovables, los que se sacan del País ilegítimamente y sin los debidos controles de aduana, constituyendo contrabando.( Inf. Ley 22415)

A su vez, hay evasión de impuestos, como aquí demostraré.

La exploración y explotación de las minas requieren de la CONCESIÓN LEGAL que sólo puede ser otorgada por el ente competente: EL JUEZ DE MINAS DEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL Y CON ASIENTO EN EL MUNICIPIO.

Si la concesión es otorgada por el Poder Ejecutivo provincial, hay ejercicio de facultades judiciales por el Ejecutivo, resultando el acto NULO DE INSANABLE NULIDAD CON LOS ALCANCES DEL NO ACTO JURÍDICO.

Si la concesión es otorgada por el Poder Judicial mediante un juez provincial, que no tiene asiento en el Municipio, el acto resulta NULO DE INSANABLE NULIDAD CON LOS ALCANCES DEL NO ACTO JURÍDICO.

Tal nulidad no requiere de un juicio para que sea efectiva, en razón de lo dispuesto por el artículo 1.038 del Código Civil.

Si se explora o explota una mina sin la debida CONCESIÓN LEGAL hay delito.

Las minas son propiedad privada del pueblo de las provincias, por efecto del artículo 7 del Código de Minería. Esta propiedad es originaria y alcanza a todos los minerales que yacen en el subsuelo, siendo lo que no se comercializa, propiedad privada del dueño del suelo.

Mientras permanecen los minerales en el subsuelo, son entonces del pueblo. Lo que es de libre disponibilidad es el mineral que el concesionario de minas extrae, siempre con arreglo a la ley.

Si se extrae sin concesión legítima, hay robo a la propiedad del pueblo.

Esto ocurre hoy, encubriendo el delito con concesiones que no son las que establece el Código y que son jurídicamente inexistentes.

El producto del delito, concentrados y aleaciones que se tratan fuera del País, se venden allí y el dinero no regresa, ni las substancias, aduciendo que se trata de exportaciones legítimas, y constituyen  tales actos CONTRABANDO FRAUDALENTO.

Como hay exenciones impositivas producidas por la ley 24.196, y tales exenciones son dedicadas a quienes tienen CONCESIONES LEGALES y no a quienes fingen tener concesiones legales, en perfecto conocimiento de la ley, pues tales entes tienen jurisconsultos o en casos han sido advertidos fehacientemente de estar cometiendo delito y no han intentado sanar la situación, hay EVASIÓN IMPOSITIVA FRAUDALENTA.

Hay presunto reintegro por uso de puertos patagónicos y por productos no tradicionales, sin contar que además, no se hace un control eficiente de las substancias exportadas ni de la cantidad y calidad de las mismas. Entonces no sólo hay CONTRABANDO AGRAVADO, SINO ADEMÁS EVASIÓN IMPOSITIVA FRAUDALENTA.

La mayoría de estas falsas e inexistentes concesiones mineras, se originan en derechos mineros a nombre de los gobiernos nacional y provinciales.

En efecto. Las áreas de reserva que nacen en la década del sesenta en San Juan, Mendoza y Neuquén, por el llamado PLAN CORDILLERANO, se extendieron al PLAN NOA y a otras provincias.

El artículo 9º del Código de Minería prohíbe al gobierno nacional o provincial el ser dueños de minas.

Para que tal cosa suceda tiene que ejecutarse una modificación constitucional. Ergo, tales falsas e ilegítimas concesiones carecen de existencia jurídica.

Por ejemplo FORMICRUZ, empresa minera del gobierno de Santa Cruz, tiene yacimientos en exploración y en explotación concedidos por el Poder Ejecutivo de la provincia. Participa asociada con un 7,5% de las acciones de la explotación de Cerro Vanguardia, mina que “exporta” bullón dore (oro y plata principalmente) y no se que se hace con los lodos  excedentes de la concentración, que al parecer, se “exporta” a Chile para ser beneficiados allí.

Ignoro el destino del dinero de la venta de los productos, como así también ignoro a nombre de quien y en que banco son depositados los montos. Ignoro si tales montos regresan al País o a las provincias, pero lo cierto es que no figuran como ingresos en los balances previos a la consideración de los presupuestos para cada ejercicio.

Veladero y Lama, en San Juan, nacen de reservas provinciales del mismo nombre y que se asocian con los actuales “concesionarios” en minoría. Los concentrados de Veladero –actualmente activo- salen del País sin control alguno, que yo sepa.

De allí las medidas cautelares impetradas con carácter de urgente en causa 936/09, ya citada. El Bajo de la Alumbrera en Catamarca, está prácticamente agotado. Sin que haya provisto a las necesidades del País absolutamente nada, contrariando al artículo 41º de la Constitución, durante más de una década ya.

Lo que sí tiene es un túmulo de juicios de distinto tipo, que se demoran en el tiempo por la presión que ejercen sobre las instituciones provinciales y nacionales, lo que demuestra la connivencia de los gobiernos con tales delitos.

ESTE ACCIONAR DEBE TERMINAR AHORA.

LOS DELITOS DEBEN CESAR EFECTIVAMENTE Y LOS RESPONSABLES DEBEN REINTEGRAR LOS MONTOS POR EVASIÓN DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE LO SUSTRAÍDO.

Seguramente se van a declarar en quiebra, puesto que las ganancias se ocultan en el extranjero y lo que se declara al salir del País es menor a la realidad. Esto les permite operar con “pérdidas”.

Los Fiscales deben investigar a fondo lo que aquí denuncio y obrar en consecuencia, con el carácter de muy urgente.

DELITOS GRAVÍSIMOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

Hay delitos contra el medio ambiente en materia minera y en la explotación agropecuaria que usa agroquímicos sin control del JUEZ DEL MEDIO AMBIENTE, que debiera existir con asiento en el Municipio, por efecto del artículo 7º de ley 25.675, Ley General Ambiental y de Presupuestos Mínimos, sancionada y promulgada en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 41º de la Constitución.

No hay control efectivo de las actividades productivas o no, por la falta de ente competente, determinado en la ley citada.

Este ente debe tener asiento en el municipio, pues la norma constitucional obliga a respetar las jurisdicciones.

Esto ha sido puesto en conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional y por lo menos del gobierno de Mendoza, fehacientemente, por medio de presentaciones que he realizado oportunamente y que obran en autos 936/09.DE LA Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional en lo Federal, del Juzgado 8 SEC. 5, se certifique.-

La deforestación de bosques nativos para ser utilizado por las corporaciones de siembra, especialmente soja y otros granos, con desalojo de los habitantes que ejercían posesión efectiva sin los correspondientes juicios de desalojo, tal como determina la ley, son hechos consumados que deben ser reparados por los responsables.

La fumigación de especies transgénicas realizadas con productos altamente nocivos para la salud humana y de otras especies, contraría gravemente el artículo 41º de la Constitución.

Si no es para proveer a las necesidades presentes, ninguna actividad productiva debe ejecutarse.

En el caso de la soja, de poco consumo en Argentina, se realiza para exportar y se deja de producir otros alimentos para el pueblo argentino, en pos de ganancias espurias.

El gobierno consiente por el reintegro que tales actividades le produce. Pero tal consentimiento es delito por no haber sido consultada la voluntad del pueblo para la ejecución de las deforestaciones, desalojos ilegítimos y otras irregularidades, tales como legitimidad de los títulos de dominio esgrimidos, y porque no está cumpliendo con la disposición constitucional que dice: “para que las actividades productivas satisfagan las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras; y deben protegerlas”. SIC, el subrayado es propio. La deforestación para otros fines que no son la producción para satisfacer necesidades actuales, despoja a las generaciones futuras de los bosques nativos y deja la tierra envenenada con los agroquímicos, que llegan a contaminar las napas freáticas en el subsuelo.

La transformación de las tierras públicas –que deben ser otorgadas por las legislaturas- en tierras fiscales es uno de los hechos altamente dudosos. Al ser fiscales los gobiernos pueden venderlos, dejando como saldo la extranjerización de enormes porciones de suelo argentino, que usualmente son reservas de aguas pura o sirven para otros fines comerciales.

Las compañías mineras denunciadas más arriba, que sin autorización válida alteran el paisaje, contaminan el aire, el suelo y el agua, para ejecutar un negocio que no es otro que el despojo de bienes argentinos, son otros tantos delitos ambientales, pues no cuentan con la aprobación por ente competente de sus IIA, generalmente aprobados por los Ejecutivos locales.

La construcción de barrios, edificios de gran densidad poblacional y otros actos, no tienen ni siquiera un estudio de impacto ambiental.

Es de suma importancia que tales actividades sean analizadas desde el punto de vista ecológico, con la consideración de los biomas y los ecosistemas, puesto que los mismos no pueden soportar una carga excesiva y se produce daño ambiental irreversible.

Se destaca que esta es una actividad netamente judicial y en la que el pueblo tiene legitimación activa jurisdiccional.

Hoy no se permite a nadie que diga cual es su posición respecto de tales actividades desde el punto de vista ecológico. Incluso el artículo 20º de la ley 25.675 –que es de ninguna aplicación- habla de audiencias no vinculantes, cuando el artículo 18º determina la inviolabilidad de la defensa en juicio y de los derechos.

La aprobación de los informes de impacto ambiental importan un juicio por efecto del artículo 7º de ley 25.675.

Podría extenderme muchísimo más, pero en honor a la brevedad, solamente diré que la explotación minera sin títulos habilitantes legítimos y sin la aprobación del IIA por ente competente es un delito, que deja un daño ambiental irreversible y que se trata de hechos de público conocimiento que no requieren de ninguna investigación. Son delitos en progreso y a la vista.

La deforestación para fines que no son los queridos por el artículo 41º de la Constitución son delitos que deben reprimirse y obligar a los responsables a recomponer los daños y oblar las multas e indemnizaciones pertinentes.

Y TODO ELLO REVISTE EL CARÁCTER DE MUY URGENTE Y ASÍ LO SOLICITO.

DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Hay delitos de LESA HUMANIDAD por cuanto de las actividades delictivas que he relatado en los ítems anteriores surge que:

Se han desplazado poblaciones, mayormente campesinas y que pertenecen a etnias conocidas como PUEBLOS ORIGINARIOS O PRECOLOMBINOS, que estaban en posesión de sus tierras desde tiempos inmemoriales. La posesión es un hecho que genera derechos y no puede ni siquiera turbarse (delito penal) sin previo juicio con sentencia firme.

¿Cómo es que aparecen títulos de dominio cuando desde siempre, desde antes de la conquista española, las tierras eran ocupadas por tales personas? Es menester realizar un profundo estudio de títulos y seguramente encontraremos que se trata de actos muy dudosos que no ameritan derecho para oponer a la milenaria posesión de los pueblos precolombinos.

El hacerlo, sin los pertinentes juicios de desalojo, que empujan a los habitantes a las áreas urbano marginales donde languidecen con míseros planes estatales de ayuda, cuando ellos siempre se nutrieron de lo que cultivaban o criaban o cazaban, sin alterar mayormente el equilibrio ecológico.

La destrucción de sus viviendas, de sus cultivos y la desposesión de sus bienes semovientes y otros, los arroja a la inanición y se producen muertes por tal causa. Basta ver que está ocurriendo en las provincias del norte, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Misiones, Tucumán, Catamarca, Entre Ríos y Corrientes; o lo que está sucediendo con las etnias araucánicas en la Patagonia, tales como mapuches y otros, donde son desposeídos para vender las tierras a personas muy pudientes, mayormente extranjeros con residencia fuera del País.

Hay matanzas, como la masacre del Hoyo, en Chubut. Hay muertos en todas partes; en el litoral, en los chacos del norte y el despojo despiadado, son crímenes contra la humanidad.

En casos constituyen una suerte de genocidio.

La contaminación ambiental producida por la minería a gran escala y las grandes extensiones de siembra de soja, viola lo dispuesto por las convenciones de derechos humanos a los que nuestro País ha suscripto y con ello, hay GRAVES DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

Si no interviene el Poder Judicial para frenar tales actos, para que cesen y se recomponga el medio ambiente, se reinstale a las etnias despojadas, se les indemnice de los daños por parte de los responsables, estamos perdidos. No tendremos protección contra los actos nacidos de la corruptela generalizada, del cercenamiento del derecho de gobernar del pueblo y no los poderes políticos partidarios.

EPÍLOGO

Todo lo que aquí he expuesto, no requiere de probatoria alguna. Son hechos de la verdad real imperante hoy y constituirían causas donde sólo hay cuestiones de puro derecho y que no necesitan pruebas de ninguna especie.

Sólo la confirmación de los delitos denunciados.

 PETITORIO

Solicito muy respetuosamente de V. E. que:

I - Se me tenga por presentado, parte y con domicilio legal constituido.

II - En razón de los derechos de la víctima que me asisten, para la parte dos de la presente, se me tenga como actor civil y querellante, conforme al art 82CPPN.- – Mi pretensión de ser tenido por parte  querellante esta acreditada fehacientemente y  jurídicamente con mi reclamo, autos, de la MINA LEGITIMIDAD, de mi propiedad, reservando acciones civiles contra quien amerite,  lo que me  acarrea perjuicio serio tanto en el plano laboral, económico y moral, ocasionando daños y perjuicios irreparables, , reservando acciones civiles y penales, contra quien amerite.-

III - Conforme a deberes y obligaciones de funcionario publico, lo que no haga al objeto procesal de esta investigación penal, solicito se extraigan los testimonios de estilo al fuero que VS considere pertinente, y se me notifique a derecho.-

IV – Aporto fotocopia carta documento por la cual el Sr. Daniel Sarwer queda desvinculado de la causa.

V – Solicito la declaración testimonial del Diputado Nacional Eduardo A. Pastoriza, en carácter de MUY URGENTE, dado que el mismo integra la comisión de Mineria de la HCDN reservando declarar bajo declaración espontánea, conforme a lo que mejor a derecho procede,  aportando ad efectum videndi et probandi  de su libro “EL GRAN DESPOJO” que hace al objeto procesal de esta causa, para un mejor entendimiento de VS,  un resumen periodístico de la Agencia “Catamarca es noticia ON LINE”, reservando el derecho de aportar el libro en cuestión.-

VI – Dado lo claro de las maniobras detalladas en este escrito solicito conforme a derecho y deberes y obligaciones de funcionario publico, se extraigan testimonios de estilo al FUERO PENAL TRIBUTARIO, por presunta evasión fisval, que involucran al Estado Nacional, Provincial y Municipal, incluida las Empresas mencionadas, puntualmente BARRICK GOLD, Y BENTONITA SANTA GEMA S. A., DE PRESUNTA PROPIEDAD DE LOS HERMANOS GIOJA, EN CARACTER DE IMPUTADOS.-Se certifique si los hermanos Gioja posen procesamientos por hechos similares o su  empresa.- Tal es el caso de Julián Rooney, vicepresidente de Bajo La alumbrera, que lo proceso el Fiscal Gómez de Tucumán, que se encontraría firme, se téngase presente.-.

VII – Solicito allanamiento a la empresa Barrick Gold, y Bentonita Santa Gema SA, de San Juan ambas, dado  que se presume utilizaría un ducto, consta en autos y documentación aportada, para sacar lo extraido de Argentina de Chile, bajo la presunta forma de contrabando, y por ende evasión fiscal,.-Dicho allanamiento, solicito se realice con presencia de personal de esta fiscalía, con fuerzas de gendarmería, marina y fuerza aérea, por motivos mas que obvios, haciendo solidariamente responsable a la instrucción del resguardo y producción de la prueba.-

VIII – Se requieran los estudios de impacto ambiental como se realicen mas muestreos con organismos NACIOANLOES DE BS. AS., de la cantidad de arsénico y cianuro de ríos y tierras de San Juan, referidas a territorialidad de la Barrick Gold, puntualmente en Jáchal, solicitando la declaración testimonial de MARIA JOSE SALAZAR, del movimiento MADRES JACHALERAS, que se presume genero CANCER EN LA POBLACION, quien podrá ilustrar bajo testimonial a esta instrucción.-cel  0264-4175817.-

IX  -Solicito MEDIDA CAUTELAR, , dado que amerita la urgencia el peligro en la demora, dado haber vidas humanas en juegos, COMO EL RESGUARDO DE LOS INTERESES DE LA NACION CONFORME A NUESTRA  CONSTITUCION NACIONAL., PRESUNTA EVASION FISCAL ASI TAMBIEN  PRESUNTA INFRACCION A AL LEY 22415, DE ORBITA DE ESTE JUZGADO EN LO PENAL ECONOMICO, COMO ASI  SURGE CLARO LA VIOLACION DEL CODIGO DE MINERIA, todas estas imputaciones  se encuentran en la documental aportada   y en  este escito, en el marco de esta causa y sus respectivas ampliaciones ante la FIPE N º  6,  por lo que en CARÁCTER DE MEDIDA CAUTELAR SOLICITO:  SE SUSPENDA IN LIMINNE EN TODA LA REPUBLICA ARGENTINA LA EXPLOTACION MINERA, DADO EL GRADO DE CONTAMINACION AMBIENTAL, PRODUCIR  MUERTES, CONTAMINAR RIOS Y TIERRAS Y LOS OTROS ITEMS DETALLADOS, TANTO LAS QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO, COMO LOS PROYECTOS DE  PASCUA- LAMA, QUE ESTARIA POR INICIARSE . CONFORME A INFORMACION PERIODISTICA QUE APORTO, Y CUALQUIER OTRO DENTRO DE NUESTRA PATRIA.-PUNTUALMENTE, VELADERO, FORNICRUZ  BAJO LA ALUMBRERA  , Y OTROS.- Reitero a SS una vez mas ,el peligro en la demora, conforme a deberes y obligaciones de funcionario publico.-

Asimismo solicito conforme a lo que mejor a derecho procede se anulen las concesiones de toda la minería Argentina, REFERIDOS. EN EL TITULO “ PETROLEO Y GAS, ( segunda parte de este escrito) actuales , en curso y a futuro, puntualmente PASCUA -  LAMA  , Y SE ENCONTRARIA INCURSAS EN LA MISMA SITUACION, NUEVAS MINERAS RELACIONADAS CON FORNICRUZ  hasta que se ajusten a lo normado por el CODIGO DE MINERIA de la NACION Y LA CONSTITUCION NACIONAL, en lo que  respecta a la división de  poderes, y facultades de los mismos que serian violatorios del ART. 29 CN.- Y OTROS PRESUNTOS DELITOS A IMPUTAR POR EL Ministerio Publico Fiscal.-

               

  Proveer de conformidad

                                 

                                                SERÁ JUSTICIA

   

Sr.  Juez:

               RODOLFO RUCKER, por mi propio derecho, manteniendo el patrocinio letrado como el nuevo domicilio constituido en autos, LAVALLE 1454 PISO 6 º OFICINA 19-20, CABA ZONA DE NOTIFICACION 108 me presento y digo:

                         Vengo a aportar documentación ad efectum  videndi et probandi, ARTÍCULO 15, LEY 23.077

DELITOS COMUNES

PRIMERA PARTE

INTRODUCCIÓN

LA CONSTITUCIÓN NACIONAL NO ESTÁ VIGENTE. SÓLO EN APARENCIA Y NUNCA LO ESTUVO, EN LOS HECHOS DE LA VERDAD REAL.

Conforme al principio de SOBERANÍA DEL PUEBLO  Y FORMA REPUBLICANA DE GOBIERNO, (Art. 31º C. N.) el PODER PÚBLICO reside en el pueblo, el que es la AUTORIDAD SUPREMA del mismo.

Desde el primer gobierno constitucional –Bernardino Rivadavia- hasta la fecha de hoy, el poder público es DETENTADO por los representantes o mandatarios.

Siendo obligación constitucional de los mandatarios –cuyo mandante es el pueblo- el CONSULTAR LA VOLUNTAD DE LA AUTORIDAD SUPREMA DEL PODER PÚBLICO, EL PUEBLO, SE LEGISLA, ADMINISTRA Y JUZGA A ESPALDAS DEL MANDANTE. Esto hace que toda norma o acto ejecutado por los mandatarios SEA NULO DE INSANABLE NULDAD, porque así lo dice la ley.

A estos hechos ilegítimos se suma que los actos y normas ejecutadas, son a instancias de poderes o corporaciones extranjeras, o países extranjeros, que en muchos casos no son otra cosa que ENEMIGOS DE LA PATRIA[1].

El obrar a espaldas del pueblo, de todos los gobiernos, de facto o los mal llamados de jure- es ALTA TRAICIÓN. En este accionar hay ABUSO Y ESVIACIÓN DE PODER, USURPACIÓN DE FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES IMPRORROGABLES DEL PUEBLO Y DE LOS MUNICIPIOS, CAUTIVERIO DEL PUEBLO POR EL ILEGÍTIMO PODER VICIOSO, TERGIVERSACIÓN DE NORMAS CONSTITUCIONALES, ASOCIACIÓN ILÍCITA CON EL FIN DE QUE NO ESTÉ VIGENTE EN LOS HECHOS LA CONSTITUCIÓN, QUE SÓLO LO PAREZCA. Estos actos constituyen por sí mismos DELITOS DE LESA PATRIA Y DE LESA HUMANIDAD QUE NO TIENEN PRESCRIPCIÓN PARA SER IMPUGNADOS JUDICIALMENTE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL según las normativas pertinentes positivo-vigentes.

En el mencionado discurso de la 8ª Cumbre Americana del 17/04/09, se hace mención a la intervención extranjera en asuntos internos de Argentina y otros países. El haber obedecido y obedecer aún tales intervenciones CONSTITUYE CONSPIRACIÓN, HAY USO Y AMENAZA DE FUERZAS ARMADAS, lo que hace sea imprescindible la aplicación de la ley de Defensa de la Democracia, ley 23.077, que en el artículo 15º remite al artículo 210º bis del Código Penal, encuadrándose plenamente en lo allí dispuesto.

El poder público detentado por los mandatarios, ha llevado a la Nación a situaciones límite

1.       Deuda interna y externa

2.       extranjerización de territorio nacional

3.       muerte, hambre, pobreza extrema de grandes sectores de la población

4.       cautiverio del pueblo por los ilegítimos poderes políticos partidarios de turno o por fuerzas armadas

5.       amenaza de fuerzas armadas extranjeras[2]

6.       represión de personas que buscan que se cumpla la ley e impedir la entrega de recursos a foráneos

7.       sometimiento al plan I.I.R.S.A.

8.       pactos internacionales contrarios al interés de la Nación

9.       entrega de vastos sectores del País a extranjeros

10.   deficiente educación pública, deficiente atención de la salud física y mental, fraudes electorales y añagazas

11.   corrupción generalizada e impunidad

12.   Estado de impotencia del pueblo, que conllevan el gran peligro de asonadas y más represión. Se sabe como comienzan tales actos pero nadie sabe como terminan.

NADA DE ESTO OCURRIRÍA SI LA CONSTITUCIÓN Y PACTOS INTERNACIONALES FUERAN POSITIVOS-VIGENTES.

Hay pues, base amplísima para aplicar la ley 23.077, Ley de Defensa de la Democracia.

ARTÍCULO 15, LEY 23.077, DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

Si bien no hay delito de sedición –toma del poder por la fuerza- si existe FALTA DE VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, digitada por los representantes tergiversando contenidos de la Constitución misma y de normas internacionales.

Desde el primer presidente constitucional, elegido en tal oportunidad por el Congreso, hasta la fecha, con gobiernos de facto y de jure cometiendo el mismo delito: Desobediencia, desconocimiento de la Constitución y de Pactos Internacionales, al USURPAR FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES PROPIAS, EXCLUSIVAS, EXCLUYENTES E IMPRORROBABLES DEL PUEBLO.

CONSPIRACIÓN INTERNACIONAL

El denominado plan “Integración de la Infraestructura Regional en Sur América” (IIRSA) que un sector extranjero ha implementado en 12 países de Sur América, ha cobrado inusitada fuerza ejecutiva en Argentina a partir de la crisis capitalista global.

IIRSA es un plan donde se construye toda la infraestructura necesaria para que los poderes extranjeros se lleven los recursos renovables y no renovables, con gran ventaja para ellos.

Se ha dividido América del Sur en 32 regiones –o tal vez algo más- lo que constituye una división política ajena a los países que ocupan el territorio.

Se hace con los recursos de los países, donde se construyen carreteras, autopistas, ferrocarriles, comunicaciones, hidrovías, aeródromos, servicios para obtener insumos y comodidades de alojamiento para los personajes VIP de las corporaciones transnacionales.

Esto se hace con la anuencia de los gobiernos de los países latino-americanos, entre ellos, Argentina.

Valga un ejemplo: En la provincia de Santa Cruz hay enormes depósitos de oro de baja ley, que no debiera ser explotado, puesto que son más los problemas que se generan en lo ambiental y en lo social, con enorme perjuicio económico para las necesidades del presente y virtual saqueo de recursos no renovables propiedad privada del pueblo, que deben ser conservados para las generaciones futuras y se lo hace aparentando legitimidad y legalidad, cuando la verdad es que existe delito de lesa Patria en la que son cómplices los gobiernos y las corporaciones que se lo llevan.

Se ha invertido en pavimentación de rutas en Santa Cruz en mucha mayor proporción de lo que se invierte en otras provincias.

Esto es necesario, pues hay no menos de 14 canteras a cielo abierto (open pit) en operaciones y otras minas subterráneas, y se hace necesaria la pavimentación para poder sacar los productos del País.

Además hay requerimientos de energía eléctrica, gas y otras formas de energía (combustibles, etc.) que se consumen en mucha mayor cantidad que las que utiliza la industria argentina y el pueblo argentino.

La Alumbrera en Catamarca es el mayor consumidor de energía eléctrica del país y no le afectan las crisis energéticas.

Esto es, sin lugar a dudas una conjura para el despojo de patrimonios argentinos en beneficio de corporaciones extranjeras, que, de suyo NO SON AMIGOS DE LA PATRIA. Quienes tal hacen, son enemigos de la Patria y quienes les presten cualquier servicio o auxilio, quedan incursos en las penas del artículo 119 de la Constitución Nacional.

La presidenta Cristina Kirchner sin nombrarlo, ha tomado la ejecución del plan IIRSA como eje del intento del salvataje capitalista Argentino.

En alocada carrera provincia por provincia, anuncia e inaugura obras de infraestructura, que las corporaciones transnacionales consideran bastiones para el saqueo de nuestros bienes naturales comunes.

Los gobernadores de la región centro apresuran las obras que tienen como eje la Hidrovía Paraná Paraguay y obras conexas.

Este “ordenamiento” territorial “ordenado” por las transnacionales, pasa inadvertido para la oposición política e incluso para algunas izquierdas; desde estos sectores son escasas las menciones a tan evidente plan de saqueo.

La fragmentación de la información y el adelantamiento de elecciones legislativas, contribuyen a que organizaciones políticas de oposición entren en una dinámica de acusaciones cruzadas, que aportan a sacar de la agenda pública el significado y profundidad de la IIRSA; confundiendo un plan estratégico de ordenamiento territorial dictado por poderes extra nacionales, con oportunismo electoral gubernamental basado en la obra pública.

Organizaciones sociales, asambleas y afectados, levantan sus voces y resisten en sus territorios urgidos por el avance del saqueo.

El territorio está en el centro de la disputa, la crisis capitalista mundial presenta un momento único para que emerjan otros paradigmas, caso contrario solo la barbarie.

Indudablemente hay una ASOCIACIÓN ILÍCITA relacionada con la falta de vigencia de la Constitución, como veremos en la PARTE DOS, los delitos comunes.

Se dan pues, las condiciones del artículo 210º bis del Código penal y corresponde obrar como lo determina el artículo 15º de la ley 23.077, ley de defensa de la democracia.

USURPACIÓN DE FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES DEL PUEBLO

Para un mejor entendimiento inserto el significado de las palabras que se utilizan en la Constitución Nacional, según los diccionarios comunes de nuestra lengua.

REPRESENTATIVA: Dícese de cuando el pueblo (Nación) acude a formar las leyes por medio de representantes. El que dicta las leyes entonces es el pueblo y no los representantes. Se les instruye a los representantes sobre la voluntad del pueblo para que den los actos útiles para que tal voluntad sea ejecutada.

REPUBLICANA: Forma de gobierno en la que el poder radica en el pueblo. Esto es conteste con lo expresado en el párrafo anterior.

FEDERAL: Unificación de la representación de distintas jurisdicciones populares, las que conservan las facultades no delegadas al efecto.

SOBERANÍA: Calidad de soberano. Autoridad suprema del poder público. Concuerda con republicana y representativa, aclarando que los representantes son mandatarios y no ejercen el poder público.

NACIÓN: Pueblo con su territorio y sobre el cual ejerce soberanía. De suyo, si el pueblo no ejerce soberanía sobre su territorio, no existirían ni la Nación y por ende, ni la Patria. La traición al pueblo implica por ello, traición a la Patria, aún cuando no lo diga ninguna ley. PERO ESTÁ INTRÍNSECO EN LA CONSTITUCIÓN y dada la obligación de los jueces del Poder Judicial resultante de los artículos 15º y concordantes del Código Civil, así deben entenderlo los juzgadores.

El inciso 3 del artículo 21º de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, ONU, 1948, dice: “Es la voluntad del pueblo la base de la autoridad del poder público”. Esta norma tiene mayor jerarquía que las leyes argentinas.

Finalmente el artículo 20 de la DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE regla: “Todas la personas, legalmente capacitadas, tienen derecho a tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes” Esta norma tiene mayor jerarquía que las leyes argentinas.

Además, defino expresiones y alcance de algunas palabras por mí utilizadas: ESTULTICIA: Actos estúpidos cometidos por personas que no son estúpidas. DETENTA: Ejercer un poder que no es lícito, resultando antónimo de OSTENTAR.

Según la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, hay derecho inalienable de las personas, individual y colectivamente, a la JURISDICCIÓN.

Esto está implícito en nuestra Constitución Nacional desde su promulgación, dado que la soberanía del pueblo, su calidad de autoridad suprema del poder público y la palabra FEDERAL en el artículo 1º, no dejan lugar para dudas. El pueblo se organiza en jurisdicciones básicas para conformar los distintos gobiernos que tenemos, a saber, Municipal, Provincial y Nacional.

Es de la mayor importancia que los gobiernos municipales tengan a los representantes de los distritos, formados en concejo, para conocer la voluntad expresa del pueblo y dar los actos útiles en consecuencia en el orden municipal, provincial y nacional.

Esta premisa constitucional solamente existe en San Carlos, departamento de la provincia de Mendoza, donde el CONCEJO CONSULTIVO CIUDADANO formado por decreto del Intendente, regula el accionar del gobierno municipal, que le está subordinado.

En consecuencia, deben formarse tales concejos ciudadanos en todo el país, para que el pueblo pueda cumplir con su obligación constitucional de DELIBERAR Y GOBERNAR POR MEDIO DE REPRESENTANTES. (Art. 22º, Constitución Nacional)

Según la Constitución Nacional, el Pueblo de la Nación Argentina, formuló la Constitución, por medio de representantes.

En el artículo 1º la Nación (Pueblo con su territorio sobre el que ejerce soberanía, básicamente) se declara como forma de gobierno la REPRESENTATIVA REPUBLICANA FEDERAL.

Representativa implica que el Pueblo acude a formar las leyes por medio de sus representantes.

El contrato de representación se perfecciona con la emisión del sufragio universal, pero este sufragio, no transfiere poder, propio, exclusivo y excluyente del pueblo.

Verbigracia, los representantes tienen la obligación de conocer la VOLUNTAD DEL PUEBLO, en forma taxativa y fehaciente, para luego dar los actos útiles para tal voluntad sea cumplida.

Caso contrario, los actos o leyes que no tienen como base la voluntad expresa del pueblo, CARECEN DE AUTORIDAD Y NADIE ESTÁ OBLIGADO A OBEDECERLOS.

Y el pueblo tiene la obligación de ejercer su derecho, de expresar su voluntad.

Pero desde siempre, se han manejado las cosas educando al pueblo con distracciones y confusiones semánticas maliciosas.

Pareciera que los representantes sólo conocen la parte del artículo 22º de la Constitución “El pueblo no delibera ni gobierna”.

La otra parte “sino por medio de representantes y autoridades”, pareciera que les otorgara una transferencia de derechos y poder, cuando de ninguna manera es así.

No se advierte en ninguna parte de la Constitución que el pueblo cedió su poder y sus derechos a los representantes, que por otra parte no podrían transferir por cuanto son atribuciones y facultades improrrogables.

Mal pueden los representantes o mandatarios atribuirse tales facultades, justamente en razón de su improrrogabilidad.

La lectura correcta de la norma, a la luz de las palabras REPUBLICANA FEDERAL, significa que EL PUEBLO DELIBERA Y GOBIERNA, PERO POR MEDIO DE REPRESENTANTES A LOS CUALES INSTRUYE DE SU VOLUNTAD.

El artículo 31º de la Constitución no pone límites a los derechos del pueblo, y por ende al poder que radica en él, siempre que nazcan del PRINCIPIO DE SOBERANÍA DEL PUEBLO Y DE LA FORMA REPUBLICANA DE GOBIERNO.

Esto está reforzado por el artículo 20º de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, OEA, 1.948 y el inciso 3 del artículo 21º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU, 1.948.

Desde nuestro primer presidente constitucional hasta la fecha, los poderes políticos, actuando de espaldas al pueblo, nos han llevado a la presente situación de país económicamente quebrado, por ilegítimas acciones de los representantes; estamos divididos por pasiones políticas y con tanta pobreza e indigencia, que configura un delito de lesa humanidad.

Someter al País a tales condiciones, por incumplimiento de la ley, y pudiendo haberse evitado, es sin duda alguna UN GRAVE DELITO DE LESA HUMANIDAD.

Todo es fruto de la estulticia, la corrupción y la soberbia de los representantes, tanto de jure como de facto.

Estos horrendos delitos tienen que terminar ahora.

Las pasiones políticas dividen y son responsables de todos los males del mundo y también de los males en nuestro País. Los intereses y bienes comunes unen, sin pasiones políticas.

De gobernar el pueblo, ya no cabrían problemas de nuevos gobiernos de facto, bloques no jurisdiccionales en el Congreso, legislaturas provinciales y concejos deliberantes municipales, puesto que no responderán más a la voluntad política de turno, sino a su legítimo mandante, el pueblo soberano.

Queda demostrada la falta de vigencia de la Constitución Nacional por culpa de los imputados.

La causa es contra el PODER EJECUTIVO NACIONAL y LOS GOBIERNOS PROVINCIALES, para que cesen en LOS DELITOS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO DESDE LOS GOBIERNOS NACIONAL Y PROVINCIALES, y a quienes imputo, y se trata de hechos de orden público que no necesitan más prueba que ver la realidad. ES LO QUE ESTÁ OCURRIENDO, CONTRARIO A LO QUE LA CONSTITUCIÓN OBLIGA.

Que en tal sentido, solicito la carátula: “PODER EJECUTIVO NACIONAL Y OTROS, SOBRE VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN Y OTROS.”

La imputación es a los gobiernos nacional y provinciales, dado que los hechos ilícitos comenzaron con la primera presidencia constitucional, y continúan, agravándose progresivamente con DELITOS COMUNES.

Estos delitos son posibles a raíz de la conculcación de la ley en lo referido a la soberanía del pueblo, usurpada por los poderes políticos partidarios de turno.

Se dan las condiciones que establece el artículo 210º de del Código Penal en los incisos a), e), g) y h).

También se dan las condiciones de los artículos 227º, 227º bis y 227º ter, como el artículo 235º del Código Penal.

Las personas a cargo de las funciones públicas deben sanar los vicios o sufrir las penas establecidas por la ley.

En suma, comenzando por la primer mandatario actual, la Excelentísima Señora Presidente, quien deberá promulgar un decreto ordenando al Congreso a dar los actos útiles para que se formen los concejos distritales en todas la provincias, consultar permanentemente los integrantes del Congreso y en su caso los legisladores provinciales a los municipios para conocer la voluntad del pueblo. Estos Consejos Populares Distritales estarán en función permanente todos los días de cada año, y es su obligación evacuar las consultas que los mandatarios realicen o que desde otros concejos ciudadanos se propongan o emitir su voluntad para someterla al resto de los concejos ciudadanos y que los representantes obren en consecuencia.

En tal sentido es que solicito a V. E. que se ordene al Poder Ejecutivo realizar los actos útiles para sanar los vicios.

SEGUNDA PARTE

DELITOS COMUNES

EJERCICIO DE FACULTADES JUDICIALES EN LOS FUEROS MINERO Y AMBIENTAL

El inciso 12 del artículo 75º de la Constitución, norma que los Códigos serán aplicados por el Poder Judicial.

También obliga a que se respeten las jurisdicciones. Es decir, que la primera instancia de cualquier juicio debe efectuarse en la jurisdicción municipal –o justicia inferior- en cualquiera de los fueros: CIVIL, COMERCIAL, PENAL, MINERÍA, MEDIO AMBIENTE, UNIVERSAL, etc.

En el caso de minería, el artículo 246º y otros del Código de Minería reglan que el asiento del juez es el municipio. También establece la figura del JUEZ DE MINERAL, que es similar a los jueces de distrito o cuartel.

Regla además, el INGENIERO OFICIAL, que es el perito estable, o puede ser nombrado de una lista cada vez que se lo necesite.

El Juez de Minas aplica el Código de Minería por efecto de la Constitución Nacional, y los códigos son normas de fondo, de mayor jerarquía que la legislación provincial y por ende, constituciones y leyes provinciales.

Aplica toda norma o legislación sobre minería, aún cuando se trate de leyes de fomento.

El artículo 13º del Código de Minería le da el carácter de INTERES PÚBLICO SUPERIOR a toda la legislación minera, cosa que no ocurre con otros Códigos.

Esto tiene efectos sobre muchas cosas. Verbigracia, la declaración de interés nacional de la explotación POTASIO RIO COLORADO ubicada en Mendoza, por parte del Poder Ejecutivo Nacional hace algún tiempo, no tiene efecto alguno, pues no puede pasar sobre lo reglado por el Código.

El TÍTULO COMPLEMENTARIO REGLA SOBRE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LOS TRABAJOS MINEROS.

Establece que ha de realizarse una evaluación del INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL (IIA), previo a la concesión.

El artículo 5º de esta norma, se refiere a que las provincias pueden determinar quien será la autoridad de aplicación competente para evaluar los IIA. Dado el orden de prelación de las leyes, las provincias pueden determinar si será el juez de minas o el juez ambiental, por tratarse este último de un juez muy especializado en medio ambiente.

No pueden determinar que el Poder Ejecutivo sea quien realice tal evaluación. Como la concesión de las minas implica un juicio –es facultad del Poder Judicial- la evaluación de los IIA son juicios, incidentes en el juicio de concesión.

Tampoco pueden las provincias sustraer al Poder Judicial el PODER CONCEDENTE, el que no es otro que la potestad declarativa del Poder Judicial, propia, exclusiva, excluyente e improrrogable, para otorgarlo al Poder Ejecutivo; tampoco pueden otorgarlo al Poder Judicial en otra forma que no sea la del Juez con asiento en el municipio. Un solo juez para toda la provincia, contraría al Código de Minería y por lo tanto se trata de un ente sin capacidad jurídica para ejercer tal facultad. Hay incompetencia en razón de la materia.

Se estaría violando el orden de prelación de las leyes que emana del artículo 31º de la Constitución.

Pero en todo el País no existe el JUEZ DE MINAS CON ASIENTO EN EL MUNICIPIO. En pocos casos hay un juez del Poder Judicial, pero para la provincia, lo que no es lo que obliga el Código.

En la mayoría el Código es aplicado por los poderes ejecutivos provinciales, lo cual los transforma en entes incompetentes en razón de la materia.

Por ello, todas las concesiones mineras son jurídicamente inexistentes y deben sanarse, muy especialmente aquellas que están extrayendo oro, plata, cobre, uranio y otros y los “exportan” sin proveer a las necesidades del presente y sin proteger los bienes de las generaciones futuras, generando enorme pasivo ambiental, el que ha causado muchos decesos de personas. DE ARGENTINOS.

El Poder Ejecutivo Nacional aplica la ley 24.196, de inversiones mineras. Se trata de una ley de fomento que debe ser aplicada por el JUEZ DE MINAS y no por la Secretaría de Minería de la Nación, esto es, el PODER EJECUTIVO MISMO.

Sin lugar para dudas, hay ejercicio de facultades por parte del Poder Ejecutivo Nacional y muchos gobiernos provinciales.

Petróleo y gas:

El Título 17 del Código de Minería regla sobre los hidrocarburos fluidos, esto es, petróleo y gas.

Todas las concesiones mineras actuales han sido otorgadas por el PEN y ahora por el Poder Ejecutivo de las provincias también.

Jamás intervino la autoridad competente, el Juez de Minas con asiento en el Municipio. Por ello no hay ni hubo control apropiado, que el Código de Minería a tribuye a los JUECES DE MINERAL. En cada yacimiento debe existir cuando menos un Juez de Mineral.

Clara violación al artículo 29º de la Constitución.

La falta del Juez de Mineral, equivalente al Juez de Cuartel o Distrito o Sección, auxiliar principal del Juez de Minas y encargado de supervisar los trabajos mineros, hace que se haya contaminado las napas acuosas subterráneas, tornándolas inútiles, como en la zona de EL CARRIZAL, provincia de Mendoza, causando que el agua no sirva para riego agrícola, por salinización, y se han abandonado campos que estaban en producción; donde los juicios se extienden en el tiempo y no se ha producido la reparación de daños o indemnizaciones.

Las concesiones mineras otorgadas por el PEN, ente incompetente en razón de la materia, carecen de juridicidad, son nulas de insanable nulidad y con los alcances del artículo 1.038 del Código Civil.

Los hidrocarburos fluidos son recursos estratégicos, por ser fuentes de energía y que se encuentran muy disminuidas las reservas (el gas alcaza para sólo 8 años) pero se los ha “vendido” a transnacionales, con gran cantidad de acciones propiedad de España.

 SE HAN VENDIDO CONCESIONES JURÍDICAMENTE INEXISTENTES ( art. 172, 173, 210 y concordantes del CP como el Art 29 CN)

Todo esto ahora nos sirve para recuperar los hidrocarburos fluidos y ponerlos al servicio de nuestra sociedad, con mesura y a precios razonables.

El efecto de esta denuncia, obligando a que exista el Juez de Minas con asiento en el Municipio, con sus asistentes el Juez de Mineral, permitirá que la producción de estos combustibles sea exclusivamente en beneficio del pueblo, de la sociedad argentina y no de corporaciones ajenas.

El artículo 7º del Código de Minería otorga el dominio originario a la Nación o las provincias, es decir, el dominio originario es del pueblo, en su calidad de autoridad suprema del poder público.

Pero el pueblo tiene que ostentar el poder y ejercer su soberanía, su calidad de autoridad suprema del poder público y entonces podremos detener el vaciamiento de estos recursos a favor de corporaciones y la “exportación”, prohibida por el artículo 41º de la Constitución, sin temor a represalias, indemnizaciones ni juicios.

Se pudo llegar a esta situación, ejecutándose una maniobra, por parte del o de los poderes internacionales, donde se “presta” a un gobierno con la garantía del País, para someterlo y poder apoderarse del mismo país, a precios viles.

El servicio de la deuda ya pagó con creces los empréstitos, pero hubo maniobras externas para cambiar las tasas del servicio y mantener la deuda.

Los prestatarios conocen la ley, Y MUY BIEN, y sabiendo que los tomadores carecen de autoridad o legitimidad para firmar los contratos, otorgaron los empréstitos, pues es una maniobra de largo aliento para ejercer posesión y subordinación de todos los recursos de distintos países.

Sólo la estulticia y ceguera, la soberbia de los representantes, ha permitido que este terrible flagelo nos azote.

Pero, nuevamente, el peso de la voluntad del pueblo soberano, puede lograr lo que de otra manera resulta imposible.

Este delito, debe cesar ahora mismo, por el enorme daño patrimonial, al medio ambiente, a las personas en su salud, en su vida, en su honor, a las generaciones futuras y se está proveyendo para entes extranjeros que pueden ser o que son, enemigos de la Patria.

La ley 25.675, LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS Y LEY GENERAL AMBIENTAL, ley marco, establece en su artículo 7º la competencia del Poder Judicial para su aplicación. Municipal, provincial o nacional, según las jurisdicciones afectadas por lo que se presenta para evaluar o por situaciones de delitos ambientales.

Pero los poderes ejecutivos de todo el País aplican la misma, evaluando los informes de impacto ambiental, aprobándolos generalmente, pero se trata de actos jurídicamente inexistentes por ser actos emanados de entes incompetentes en razón de la materia.

El Poder Ejecutivo Nacional CONSIENTE tales delitos, que importan violación al artículo 29º de la Constitución, puesto que las facultades judiciales no son facultades ordinarias del Poder Ejecutivo. Por el contrario, son facultades extraordinarias penadas por la norma citada ut supra, Artículo 109º de la Constitución Nacional.

REITERO: LOS DELITOS DEBEN CESAR AHORA MISMO.

EJERCICIO DE FACULTADES LEGISLATIVAS POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Por el inciso 12 del artículo 75º de la Constitución, las provincias delegaron en el Congreso la facultad de dictar los Códigos. Por ello, cualquier modificación a los mismos debe ser sancionada por el Congreso.

El Poder Ejecutivo Nacional sancionó y promulgó el Código de Minería, texto ordenado, hoy en vigencia.

Se trata de un acto emitido por ente incompetente en razón de la materia, y ejercicio de facultades legislativas, prohibidas por la Constitución. Inciso 3, artículo 99, Constitución Nacional.

Asimismo, las facultades legislativas no son facultades ordinarias del Poder Ejecutivo. Por el contrario, son facultades extraordinarias penadas por el artículo 29º de la Constitución.

Tal vez haya otros casos de ejercicio de facultades legislativas, como podría ser el cambio de destino del dinero presupuestado para el ejercicio por el Congreso.

Como se trata de actos jurídicamente inexistentes, la aplicación del Código de Minería, texto ordenado es un acto nulo de insanable nulidad y carece de efecto alguno sobre las personas.

Como el artículo 1.038 del Código Civil dice que cuando la ley determina que un acto es nulo, no es necesario un juicio para que tal nulidad sea efectiva.

No es necesario nada más para que el texto ordenado salga de circulación, lo que aquí solicito que esta Cámara provea.

Desde nuestro primer gobierno constitucional hasta la fecha, jamás fue consultada la voluntad del pueblo para actos tales como tomar empréstitos internacionales, sancionar y promulgar o vetar leyes, establecer las cargas públicas, efectuar obras públicas, modificar la Constitución, cambiar tierras públicas a tierras fiscales (por arte de magia) suscribir pactos internacionales, establecer penas para los delitos, realizar aquello que es necesario para la protección del medio ambiente, proteger las reservas naturales renovables y no renovables, y así siguiendo.

Es decir, todo lo realizado –bueno o malo- está viciado de nulidad, no tiene la base de la voluntad popular expresa.

Los métodos utilizados se pueden circunscribir en abuso y desviación de poder. La falsa interpretación del artículo 22º de la Constitución, pretendiendo entender que el derecho y deber del pueblo ha sido transferido a los mandatarios, es la primera herramienta.

Para empezar, los derechos y obligaciones constitucionalmente protegidos, NO SON TRANSFERIBLES. SON IMPRORROGABLES.

Mal pueden los representantes abrogarse el derecho de legislar por sí mismos.

SI EL PODER JUDICIAL NO FUNCIONA COMO ES SU OBLIGACIÓN, TODOS SOMOS CAUTIVOS DEL PODER POLÍTICO PARTIDARIO DE TURNO.

¿De qué democracia se está hablando? A todas luces el ejercicio del poder público conforma una suerte de dictadura virtual. Se dice que hay democracia, pero, como vemos, no es cierto.

La participación del pueblo NO SE AGOTA CON EL SUFRAGIO UNIVERSAL

Pero al así resultar de la conculcación de la ley, hay delito y gravísimo, pues se trata de una traición al pueblo. Se le dice al pueblo que se realizarán diversas cosas desde las plataformas electorales, pero no se cumplen.

Y ni hablar del delito de usurpación de facultades populares. Nadie tiene interés en que tal cosa suceda, porque implica la pérdida del poder y con ello, los negocios resultantes que no benefician al pueblo. Todo lo contrario. Los cautivos producen para intereses que no les son propios.

A partir de este delito, se logran otros fines delictivos que no sería posible ejecutarlos, por el control del poder público.

Por todo ello, es imperioso que se sane el vicio. Que se cumplan las disposiciones constitucionales y los pactos internacionales que refuerzan lo que ya la propia Constitución establece y OBLIGA.

EJERCICIO DE FACULTADES JUDICIALES EN LOS FUEROS MINERO Y AMBIENTAL

INCUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y PACTOS INTERNACIONALES

Como hemos visto, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales han caído en incumplimiento de la Constitución y Pactos Internacionales, por lo cual han faltado a los solemnes juramentos de fórmula constitucional prestados al asumir los cargos.

El Poder Ejecutivo Nacional jura cumplir y hacer cumplir la ley, lo mismo que los gobernadores.

Los gobernadores son agentes naturales para el cumplimiento de lo obligado por la Constitución.

La falta de cumplimiento a la palabra empeñada, resulta en incapacidad moral para ejercer sus cargos.

Esto es causal irrefutable de ser llevados a juicio político y destituidos, conforme a la ley.

ROBO ENCUBIERTO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES Y SALIDA DEL PAÍS DE LOS MISMOS ENCUBIERTOS COMO EXPORTACIONES LEGÍTIMAS Y LEGALES CUANDO EN REALIDAD SON EXPORTACIONES FRAUDALENTAS DE PRODUCTOS DE ROBO.

Tal como se ha demostrado en las ampliaciones a las denuncias por mí efectuadas en autos, y como se desprende de lo ya declarado hasta aquí, hay robo de recursos naturales no renovables, los que se sacan del País ilegítimamente y sin los debidos controles de aduana, constituyendo contrabando.( Inf. Ley 22415)

A su vez, hay evasión de impuestos, como aquí demostraré.

La exploración y explotación de las minas requieren de la CONCESIÓN LEGAL que sólo puede ser otorgada por el ente competente: EL JUEZ DE MINAS DEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL Y CON ASIENTO EN EL MUNICIPIO.

Si la concesión es otorgada por el Poder Ejecutivo provincial, hay ejercicio de facultades judiciales por el Ejecutivo, resultando el acto NULO DE INSANABLE NULIDAD CON LOS ALCANCES DEL NO ACTO JURÍDICO.

Si la concesión es otorgada por el Poder Judicial mediante un juez provincial, que no tiene asiento en el Municipio, el acto resulta NULO DE INSANABLE NULIDAD CON LOS ALCANCES DEL NO ACTO JURÍDICO.

Tal nulidad no requiere de un juicio para que sea efectiva, en razón de lo dispuesto por el artículo 1.038 del Código Civil.

Si se explora o explota una mina sin la debida CONCESIÓN LEGAL hay delito.

Las minas son propiedad privada del pueblo de las provincias, por efecto del artículo 7 del Código de Minería. Esta propiedad es originaria y alcanza a todos los minerales que yacen en el subsuelo, siendo lo que no se comercializa, propiedad privada del dueño del suelo.

Mientras permanecen los minerales en el subsuelo, son entonces del pueblo. Lo que es de libre disponibilidad es el mineral que el concesionario de minas extrae, siempre con arreglo a la ley.

Si se extrae sin concesión legítima, hay robo a la propiedad del pueblo.

Esto ocurre hoy, encubriendo el delito con concesiones que no son las que establece el Código y que son jurídicamente inexistentes.

El producto del delito, concentrados y aleaciones que se tratan fuera del País, se venden allí y el dinero no regresa, ni las substancias, aduciendo que se trata de exportaciones legítimas, y constituyen  tales actos CONTRABANDO FRAUDALENTO.

Como hay exenciones impositivas producidas por la ley 24.196, y tales exenciones son dedicadas a quienes tienen CONCESIONES LEGALES y no a quienes fingen tener concesiones legales, en perfecto conocimiento de la ley, pues tales entes tienen jurisconsultos o en casos han sido advertidos fehacientemente de estar cometiendo delito y no han intentado sanar la situación, hay EVASIÓN IMPOSITIVA FRAUDALENTA.

Hay presunto reintegro por uso de puertos patagónicos y por productos no tradicionales, sin contar que además, no se hace un control eficiente de las substancias exportadas ni de la cantidad y calidad de las mismas. Entonces no sólo hay CONTRABANDO AGRAVADO, SINO ADEMÁS EVASIÓN IMPOSITIVA FRAUDALENTA.

La mayoría de estas falsas e inexistentes concesiones mineras, se originan en derechos mineros a nombre de los gobiernos nacional y provinciales.

En efecto. Las áreas de reserva que nacen en la década del sesenta en San Juan, Mendoza y Neuquén, por el llamado PLAN CORDILLERANO, se extendieron al PLAN NOA y a otras provincias.

El artículo 9º del Código de Minería prohíbe al gobierno nacional o provincial el ser dueños de minas.

Para que tal cosa suceda tiene que ejecutarse una modificación constitucional. Ergo, tales falsas e ilegítimas concesiones carecen de existencia jurídica.

Por ejemplo FORMICRUZ, empresa minera del gobierno de Santa Cruz, tiene yacimientos en exploración y en explotación concedidos por el Poder Ejecutivo de la provincia. Participa asociada con un 7,5% de las acciones de la explotación de Cerro Vanguardia, mina que “exporta” bullón dore (oro y plata principalmente) y no se que se hace con los lodos  excedentes de la concentración, que al parecer, se “exporta” a Chile para ser beneficiados allí.

Ignoro el destino del dinero de la venta de los productos, como así también ignoro a nombre de quien y en que banco son depositados los montos. Ignoro si tales montos regresan al País o a las provincias, pero lo cierto es que no figuran como ingresos en los balances previos a la consideración de los presupuestos para cada ejercicio.

Veladero y Lama, en San Juan, nacen de reservas provinciales del mismo nombre y que se asocian con los actuales “concesionarios” en minoría. Los concentrados de Veladero –actualmente activo- salen del País sin control alguno, que yo sepa.

De allí las medidas cautelares impetradas con carácter de urgente en causa 936/09, ya citada. El Bajo de la Alumbrera en Catamarca, está prácticamente agotado. Sin que haya provisto a las necesidades del País absolutamente nada, contrariando al artículo 41º de la Constitución, durante más de una década ya.

Lo que sí tiene es un túmulo de juicios de distinto tipo, que se demoran en el tiempo por la presión que ejercen sobre las instituciones provinciales y nacionales, lo que demuestra la connivencia de los gobiernos con tales delitos.

ESTE ACCIONAR DEBE TERMINAR AHORA.

LOS DELITOS DEBEN CESAR EFECTIVAMENTE Y LOS RESPONSABLES DEBEN REINTEGRAR LOS MONTOS POR EVASIÓN DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE LO SUSTRAÍDO.

Seguramente se van a declarar en quiebra, puesto que las ganancias se ocultan en el extranjero y lo que se declara al salir del País es menor a la realidad. Esto les permite operar con “pérdidas”.

Los Fiscales deben investigar a fondo lo que aquí denuncio y obrar en consecuencia, con el carácter de muy urgente.

DELITOS GRAVÍSIMOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

Hay delitos contra el medio ambiente en materia minera y en la explotación agropecuaria que usa agroquímicos sin control del JUEZ DEL MEDIO AMBIENTE, que debiera existir con asiento en el Municipio, por efecto del artículo 7º de ley 25.675, Ley General Ambiental y de Presupuestos Mínimos, sancionada y promulgada en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 41º de la Constitución.

No hay control efectivo de las actividades productivas o no, por la falta de ente competente, determinado en la ley citada.

Este ente debe tener asiento en el municipio, pues la norma constitucional obliga a respetar las jurisdicciones.

Esto ha sido puesto en conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional y por lo menos del gobierno de Mendoza, fehacientemente, por medio de presentaciones que he realizado oportunamente y que obran en autos 936/09.DE LA Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional en lo Federal, del Juzgado 8 SEC. 5, se certifique.-

La deforestación de bosques nativos para ser utilizado por las corporaciones de siembra, especialmente soja y otros granos, con desalojo de los habitantes que ejercían posesión efectiva sin los correspondientes juicios de desalojo, tal como determina la ley, son hechos consumados que deben ser reparados por los responsables.

La fumigación de especies transgénicas realizadas con productos altamente nocivos para la salud humana y de otras especies, contraría gravemente el artículo 41º de la Constitución.

Si no es para proveer a las necesidades presentes, ninguna actividad productiva debe ejecutarse.

En el caso de la soja, de poco consumo en Argentina, se realiza para exportar y se deja de producir otros alimentos para el pueblo argentino, en pos de ganancias espurias.

El gobierno consiente por el reintegro que tales actividades le produce. Pero tal consentimiento es delito por no haber sido consultada la voluntad del pueblo para la ejecución de las deforestaciones, desalojos ilegítimos y otras irregularidades, tales como legitimidad de los títulos de dominio esgrimidos, y porque no está cumpliendo con la disposición constitucional que dice: “para que las actividades productivas satisfagan las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras; y deben protegerlas”. SIC, el subrayado es propio. La deforestación para otros fines que no son la producción para satisfacer necesidades actuales, despoja a las generaciones futuras de los bosques nativos y deja la tierra envenenada con los agroquímicos, que llegan a contaminar las napas freáticas en el subsuelo.

La transformación de las tierras públicas –que deben ser otorgadas por las legislaturas- en tierras fiscales es uno de los hechos altamente dudosos. Al ser fiscales los gobiernos pueden venderlos, dejando como saldo la extranjerización de enormes porciones de suelo argentino, que usualmente son reservas de aguas pura o sirven para otros fines comerciales.

Las compañías mineras denunciadas más arriba, que sin autorización válida alteran el paisaje, contaminan el aire, el suelo y el agua, para ejecutar un negocio que no es otro que el despojo de bienes argentinos, son otros tantos delitos ambientales, pues no cuentan con la aprobación por ente competente de sus IIA, generalmente aprobados por los Ejecutivos locales.

La construcción de barrios, edificios de gran densidad poblacional y otros actos, no tienen ni siquiera un estudio de impacto ambiental.

Es de suma importancia que tales actividades sean analizadas desde el punto de vista ecológico, con la consideración de los biomas y los ecosistemas, puesto que los mismos no pueden soportar una carga excesiva y se produce daño ambiental irreversible.

Se destaca que esta es una actividad netamente judicial y en la que el pueblo tiene legitimación activa jurisdiccional.

Hoy no se permite a nadie que diga cual es su posición respecto de tales actividades desde el punto de vista ecológico. Incluso el artículo 20º de la ley 25.675 –que es de ninguna aplicación- habla de audiencias no vinculantes, cuando el artículo 18º determina la inviolabilidad de la defensa en juicio y de los derechos.

La aprobación de los informes de impacto ambiental importan un juicio por efecto del artículo 7º de ley 25.675.

Podría extenderme muchísimo más, pero en honor a la brevedad, solamente diré que la explotación minera sin títulos habilitantes legítimos y sin la aprobación del IIA por ente competente es un delito, que deja un daño ambiental irreversible y que se trata de hechos de público conocimiento que no requieren de ninguna investigación. Son delitos en progreso y a la vista.

La deforestación para fines que no son los queridos por el artículo 41º de la Constitución son delitos que deben reprimirse y obligar a los responsables a recomponer los daños y oblar las multas e indemnizaciones pertinentes.

Y TODO ELLO REVISTE EL CARÁCTER DE MUY URGENTE Y ASÍ LO SOLICITO.

DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Hay delitos de LESA HUMANIDAD por cuanto de las actividades delictivas que he relatado en los ítems anteriores surge que:

Se han desplazado poblaciones, mayormente campesinas y que pertenecen a etnias conocidas como PUEBLOS ORIGINARIOS O PRECOLOMBINOS, que estaban en posesión de sus tierras desde tiempos inmemoriales. La posesión es un hecho que genera derechos y no puede ni siquiera turbarse (delito penal) sin previo juicio con sentencia firme.

¿Cómo es que aparecen títulos de dominio cuando desde siempre, desde antes de la conquista española, las tierras eran ocupadas por tales personas? Es menester realizar un profundo estudio de títulos y seguramente encontraremos que se trata de actos muy dudosos que no ameritan derecho para oponer a la milenaria posesión de los pueblos precolombinos.

El hacerlo, sin los pertinentes juicios de desalojo, que empujan a los habitantes a las áreas urbano marginales donde languidecen con míseros planes estatales de ayuda, cuando ellos siempre se nutrieron de lo que cultivaban o criaban o cazaban, sin alterar mayormente el equilibrio ecológico.

La destrucción de sus viviendas, de sus cultivos y la desposesión de sus bienes semovientes y otros, los arroja a la inanición y se producen muertes por tal causa. Basta ver que está ocurriendo en las provincias del norte, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Misiones, Tucumán, Catamarca, Entre Ríos y Corrientes; o lo que está sucediendo con las etnias araucánicas en la Patagonia, tales como mapuches y otros, donde son desposeídos para vender las tierras a personas muy pudientes, mayormente extranjeros con residencia fuera del País.

Hay matanzas, como la masacre del Hoyo, en Chubut. Hay muertos en todas partes; en el litoral, en los chacos del norte y el despojo despiadado, son crímenes contra la humanidad.

En casos constituyen una suerte de genocidio.

La contaminación ambiental producida por la minería a gran escala y las grandes extensiones de siembra de soja, viola lo dispuesto por las convenciones de derechos humanos a los que nuestro País ha suscripto y con ello, hay GRAVES DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

Si no interviene el Poder Judicial para frenar tales actos, para que cesen y se recomponga el medio ambiente, se reinstale a las etnias despojadas, se les indemnice de los daños por parte de los responsables, estamos perdidos. No tendremos protección contra los actos nacidos de la corruptela generalizada, del cercenamiento del derecho de gobernar del pueblo y no los poderes políticos partidarios.

EPÍLOGO

Todo lo que aquí he expuesto, no requiere de probatoria alguna. Son hechos de la verdad real imperante hoy y constituirían causas donde sólo hay cuestiones de puro derecho y que no necesitan pruebas de ninguna especie.

Sólo la confirmación de los delitos denunciados.

 PETITORIO

Solicito muy respetuosamente de V. E. que:

I - Se me tenga por presentado, parte y con domicilio legal constituido.

II - En razón de los derechos de la víctima que me asisten, para la parte dos de la presente, se me tenga como actor civil y querellante, conforme al art 82CPPN.- – Mi pretensión de ser tenido por parte  querellante esta acreditada fehacientemente y  jurídicamente con mi reclamo, autos, de la MINA LEGITIMIDAD, de mi propiedad, reservando acciones civiles contra quien amerite,  lo que me  acarrea perjuicio serio tanto en el plano laboral, económico y moral, ocasionando daños y perjuicios irreparables, , reservando acciones civiles y penales, contra quien amerite.-

III - Conforme a deberes y obligaciones de funcionario publico, lo que no haga al objeto procesal de esta investigación penal, solicito se extraigan los testimonios de estilo al fuero que VS considere pertinente, y se me notifique a derecho.-

IV – Aporto fotocopia carta documento por la cual el Sr. Daniel Sarwer queda desvinculado de la causa.

V – Solicito la declaración testimonial del Diputado Nacional Eduardo A. Pastoriza, en carácter de MUY URGENTE, dado que el mismo integra la comisión de Mineria de la HCDN reservando declarar bajo declaración espontánea, conforme a lo que mejor a derecho procede,  aportando ad efectum videndi et probandi  de su libro “EL GRAN DESPOJO” que hace al objeto procesal de esta causa, para un mejor entendimiento de VS,  un resumen periodístico de la Agencia “Catamarca es noticia ON LINE”, reservando el derecho de aportar el libro en cuestión.-

VI – Dado lo claro de las maniobras detalladas en este escrito solicito conforme a derecho y deberes y obligaciones de funcionario publico, se extraigan testimonios de estilo al FUERO PENAL TRIBUTARIO, por presunta evasión fisval, que involucran al Estado Nacional, Provincial y Municipal, incluida las Empresas mencionadas, puntualmente BARRICK GOLD, Y BENTONITA SANTA GEMA S. A., DE PRESUNTA PROPIEDAD DE LOS HERMANOS GIOJA, EN CARACTER DE IMPUTADOS.-Se certifique si los hermanos Gioja posen procesamientos por hechos similares o su  empresa.- Tal es el caso de Julián Rooney, vicepresidente de Bajo La alumbrera, que lo proceso el Fiscal Gómez de Tucumán, que se encontraría firme, se téngase presente.-.

VII – Solicito allanamiento a la empresa Barrick Gold, y Bentonita Santa Gema SA, de San Juan ambas, dado  que se presume utilizaría un ducto, consta en autos y documentación aportada, para sacar lo extraido de Argentina de Chile, bajo la presunta forma de contrabando, y por ende evasión fiscal,.-Dicho allanamiento, solicito se realice con presencia de personal de esta fiscalía, con fuerzas de gendarmería, marina y fuerza aérea, por motivos mas que obvios, haciendo solidariamente responsable a la instrucción del resguardo y producción de la prueba.-

VIII – Se requieran los estudios de impacto ambiental como se realicen mas muestreos con organismos NACIOANLOES DE BS. AS., de la cantidad de arsénico y cianuro de ríos y tierras de San Juan, referidas a territorialidad de la Barrick Gold, puntualmente en Jáchal, solicitando la declaración testimonial de MARIA JOSE SALAZAR, del movimiento MADRES JACHALERAS, que se presume genero CANCER EN LA POBLACION, quien podrá ilustrar bajo testimonial a esta instrucción.-cel  0264-4175817.-

IX  -Solicito MEDIDA CAUTELAR, , dado que amerita la urgencia el peligro en la demora, dado haber vidas humanas en juegos, COMO EL RESGUARDO DE LOS INTERESES DE LA NACION CONFORME A NUESTRA  CONSTITUCION NACIONAL., PRESUNTA EVASION FISCAL ASI TAMBIEN  PRESUNTA INFRACCION A AL LEY 22415, DE ORBITA DE ESTE JUZGADO EN LO PENAL ECONOMICO, COMO ASI  SURGE CLARO LA VIOLACION DEL CODIGO DE MINERIA, todas estas imputaciones  se encuentran en la documental aportada   y en  este escito, en el marco de esta causa y sus respectivas ampliaciones ante la FIPE N º  6,  por lo que en CARÁCTER DE MEDIDA CAUTELAR SOLICITO:  SE SUSPENDA IN LIMINNE EN TODA LA REPUBLICA ARGENTINA LA EXPLOTACION MINERA, DADO EL GRADO DE CONTAMINACION AMBIENTAL, PRODUCIR  MUERTES, CONTAMINAR RIOS Y TIERRAS Y LOS OTROS ITEMS DETALLADOS, TANTO LAS QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO, COMO LOS PROYECTOS DE  PASCUA- LAMA, QUE ESTARIA POR INICIARSE . CONFORME A INFORMACION PERIODISTICA QUE APORTO, Y CUALQUIER OTRO DENTRO DE NUESTRA PATRIA.-PUNTUALMENTE, VELADERO, FORNICRUZ  BAJO LA ALUMBRERA  , Y OTROS.- Reitero a SS una vez mas ,el peligro en la demora, conforme a deberes y obligaciones de funcionario publico.-

Asimismo solicito conforme a lo que mejor a derecho procede se anulen las concesiones de toda la minería Argentina, REFERIDOS. EN EL TITULO “ PETROLEO Y GAS, ( segunda parte de este escrito) actuales , en curso y a futuro, puntualmente PASCUA -  LAMA  , Y SE ENCONTRARIA INCURSAS EN LA MISMA SITUACION, NUEVAS MINERAS RELACIONADAS CON FORNICRUZ  hasta que se ajusten a lo normado por el CODIGO DE MINERIA de la NACION Y LA CONSTITUCION NACIONAL, en lo que  respecta a la división de  poderes, y facultades de los mismos que serian violatorios del ART. 29 CN.- Y OTROS PRESUNTOS DELITOS A IMPUTAR POR EL Ministerio Publico Fiscal.-

               

  Proveer de conformidad

                                 

                                                SERÁ JUSTICIA


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